Freno a 300 despidos en el INTA: el Gobierno de Milei pagaría una multa de $10 millones diarios si no acata a la Justicia
La medida cautelar solicitada ATE y la ratificación de la Justicia dejó al Poder Ejecutivo sin posibilidad de aplicar la resolución que afectaba a centenares de trabajadores del organismo.
El escenario político y gremial suma un nuevo capítulo con la decisión del gobierno de cesantear a 300 trabajadores del INTA, pese a que el Senado resolvió dejar sin efecto el DNU 462/25 que habilitaba dichos pases a disponibilidad. A esta controversia se sumó ahora la Justicia, que ordenó frenar la medida tras un recurso cautelar presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
En caso de que la gestión libertaria no cumpla con lo resuelto por el Poder Judicial, trascendió que la multa podría alcanzar los $10 millones diarios.
En efecto, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó la cautelar presentada por ATE, dejando al Ejecutivo sin posibilidad de ejecutar la resolución que afectaba a centenares de trabajadores del organismo.
La secuencia de hechos muestra un choque directo entre poderes del Estado. El último miércoles, la Justicia había suspendido la aplicación del DNU 462/25 y dispuso que no se aplicara en el INTA.
Horas más tarde, el Senado rechazó formalmente el decreto. Sin embargo, el gobierno avanzó mediante la resolución 1240 del Ministerio de Economía, que producía el mismo impacto en la dotación de personal.
Con este nuevo paso, ATE denunció "un intento deliberado de desconocer las decisiones judiciales y legislativas por parte del gobierno libertario".
El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, subrayó que "lo reiterativo no disminuye su gravedad, este gobierno insiste en desafiar a los otros poderes del Estado con una política de ajuste sin sustento legal".
Desde el gremio celebraron la decisión del juzgado de San Martín y exigieron al Ejecutivo el acatamiento inmediato.
Para ATE, se trata no sólo de una defensa de los puestos de trabajo, sino también de una pulseada institucional frente a las políticas de ajuste y reducción de organismos públicos que la gestión libertaria impulsa desde 2023. Más allá de su impacto sectorial, la resolución judicial fortalece una estrategia política más amplia para contener los decretos del Ejecutivo.
