Los efectos judiciales de la denominada Ley de Inocencia Fiscal empiezan a sentirse en el fuero penal económico. Después de su sanción en el Congreso y a casi dos semanas de su entrada en vigencia, la norma derivó en un cierre masivo de expedientes.

La ley subió en al menos un 3.000% los montos mínimos a partir de los que se configuran los delitos tributarios. Eso llevó a que la mayoría de los expedientes activos quedaran fuera del ámbito penal. Según fuentes judiciales, se espera que caiga el 80% de las causas por evasión.

A partir de la Ley de Inocencia Fiscal, que fue aprobada junto con el Presupuesto 2026, la evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que significó en ambos casos un aumento del 6.567%. Para el delito de evasión a través de terceros, creció un 9.900%, al pasar de $2.000.000 a $200.000.000.

Alineamiento entre los fiscales y ARCA

Hay al menos dos vías por las que este grupo de causas comenzó a caer: los abogados defensores presentan un escrito pidiendo quedar al amparo de la nueva Ley de Inocencia Fiscal, o son los propios jueces, basados en el principio constitucional de la ley penal más benigna, quienes actúan de oficio y cierran los expedientes.

Por su parte, los fiscales actúan con el mismo criterio, o no apelan la decisión de los jueces. Otros eligen hacer caer la acusación. Y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ordenó a través de un instructivo la aplicación "universal e irrestricta" del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos mínimos en la causas ya iniciadas.

La Ley de Inocencia Fiscal fue puesta en marcha días atrás por la Cámara de Casación. Lo hizo al revertir una sentencia contra G.G.M S.A, una empresa de calzado que era agente de retención y había quebrado, y su presidente, Guillermo Andrés Gotelli, condenado a dos años y seis meses de prisión.

Sin embargo, la Justicia dio vuelta la pena. La Sala III de la Casación -integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani- resolvió que los montos mensuales retenidos por la empresa en cada uno de esos periodos eran inferiores al nuevo umbral de $3.500.000.

A partir de la nueva ley y el principio constitucional de la norma penal más benigna, determinó que no había delito. Los camarista decidieron "remitir la presente causa al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°2 de esta ciudad a los fines de que resuelva acerca de la atipicidad de la conducta enrostrada a los nombrados".