La Cámara Federal había confirmado el  jueves el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García, quien murió este viernes, en la causa conocida como el “Vacunatorio Vip”, junto a otros ex funcionarios. El tribunal redujo los montos de los embargos. De 130 millones de pesos que pesaban sobre el ex ministro, a 20 mil millones de pesos.  

Además  ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti a profundizar en la responsabilidad de los que recibieron esas dosis de manera privilegiada. Entre ellos se encuentra el ex Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia o el periodista Horacio Verbitsky, entre otros. 

El fallo confirmó así los procesamientos de Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Nación; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; y Alberto Alejandro Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas. María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del Hospital Posadas, fue desprocesada. 

“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”,  sostuvieron en el fallo los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.  

Para los camaristas los imputados redireccionaron la voluntad estatal hacia un fin privado y la amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección frente a la pandemia. "No sólo aún existía un orden jerarquizado que seguir, sino que además debía observarse un estricto protocolo para acceder a la cobertura. No cualquiera, ni en cualquier momento, podía vacunarse”, sostuvieron los jueces. 

“Ciertos segmentos de la población debían aguardar su llamado, y quienes sí podían hacerlo no la recibían a su discreción, sino previo turno de rigor en el cual se habilitaban centros y horarios disponibles. En ese marco, el que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron, según el relato de hechos, cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía. Aun cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”, dijeron los jueces. 

La causa se inició cuando Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse el 18 de febrero de 2021 al ministerio de Salud después de un llamado de González García.

En ese momento, la vacuna no estaba destinada a la población común. El Ministerio había armado un cronograma de personas con “prioridad epidemiológica” para recibir su dosis. Estaba el personal médico, los mayores y el “personal estratégico”, una terminología gris en la que se encuadró a varios funcionarios. 

En el listado de vacunados: el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el ex embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el ex ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos.

Parte de los vacunados Vip fueron registrados como personal de salud, en los listados del Posadas.