Este jueves fue uno de los días más fríos del año y, en las zonas industriales, la baja temperatura no se siente solo en la calle. En plantas de cerámica, de ladrillos y de otros insumos para la construcción, las líneas se frenan por horas o directamente se apagan: no por falta de pedidos, sino por los altos costos del gas.

La escena tiene algo de paradoja: la Argentina es el país de Vaca Muerta, la cuarta reserva de gas no convencional del mundo, y aun así una parte de su industria se queda sin suministro en pleno invierno. El problema no sería de producción, sino de transporte: no alcanzaría la infraestructura para abastecer con oferta local los picos de demanda de solo tres meses al año.

Hogares primero, industria después

El escaso margen fiscal del Gobierno lo llevó a cambiar la forma de repartir el gas local, priorizando a los hogares con el gas más barato, de producción propia, y dejando el mayor costo del importado en manos de la industria, incluso de las que pagan un contrato de gas "firme", el que en teoría asegura el abastecimiento pase lo que pase.

En el sector adelantan que la medida podría terminar judicializada, por incumplimiento de contratos vigentes. El país todavía importa unos 23 buques de gas natural licuado (GNL) por año entre mayo y agosto, una dependencia que debería bajar a la mitad en 2027 con la ampliación del gasoducto Perito Moreno.

Desde el Gobierno responden que la medida no debería sorprender, ya que hace meses advertían que la industria iba a pagar el costo real del gas este invierno, sin subsidios. Reconocen, sin embargo, que en el medio se disparó el precio internacional por la guerra en Medio Oriente, que llevó el GNL de unos 11 a 26 dólares el millón de BTU en apenas unos meses.

La industria pidió un subsidio compartido y se lo rechazaron

La Unión Industrial Argentina (UIA) sostiene que al menos una de cada dos industrias evalúa reducir su actividad este mes por no tener margen para absorber el mayor costo del gas. El sector presentó una propuesta para dividir en partes iguales la diferencia entre el gas importado y el valor local, con el Gobierno absorbiendo la mitad como subsidio, a un costo fiscal estimado de 130 millones de dólares. La iniciativa fue rechazada.

El sobrecosto energético no se limita al gas: el precio de la electricidad mayorista pasó de una proyección de 65 dólares el MWh en mayo a 142 dólares en junio, en gran parte por el mayor uso de combustibles líquidos importados ante la escasez de gas.

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) cuestionó la falta de transparencia del esquema y afirmó que el mercado queda librado a una lógica donde prevalece quien tiene mayor capacidad de negociación.

Por ahora no hay señales de que el esquema cambie antes de que termine el invierno: la discusión empieza a mudarse a los tribunales, mientras la industria espera que la ampliación del gasoducto Perito Moreno y una eventual baja de los precios internacionales del GNL le den, recién el año que viene, algo de alivio.