La Agencia de Seguridad Migratoria, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, dispuso el inmediato rechazo en la frontera de todo extranjero que intente ingresar con documentación vencida, ilegible o dañada, en el marco del endurecimiento de las políticas de control fronterizo. 

Las medidas responden a la aplicación del Decreto 366/2025, diseñado para prevenir la radicación irregular y bloquear el acceso de personas con antecedentes penales.

Requisitos estrictos para los pasaportes

El nuevo esquema de control, supervisado por el director de la agencia, Sebastián Pablo Seoane, y la ministra Alejandra Monteoliva, establece que los pasaportes extranjeros deben encontrarse en óptimas condiciones físicas. 

Las autoridades migratorias procederán a la inadmisión inmediata en aeropuertos y pasos terrestres si los documentos presentan manchas, roturas o páginas faltantes.

A su vez, basándose en el Artículo 35 de la Ley de Migraciones N°25.871, los inspectores migratorios podrán denegar el acceso a quienes sospechen que desnaturalizan la categoría de turistas. 

Esto aplicará cuando existan indicios fundados de que la verdadera intención de viaje difiere de la manifestada al momento de presentarse en el control.

Restricciones por antecedentes y visados

La nueva normativa prohíbe formalmente la entrada a cualquier persona que haya sido condenada o registre antecedentes penales, tanto en la República Argentina como en el exterior, por delitos que en la legislación local prevean penas privativas de la libertad iguales o mayores a tres años. 

Tampoco se admitirá a quienes busquen radicarse en el país y no exhiban un documento que avale una oferta efectiva de trabajo.

La resolución ratifica además la exigencia de visados consulares para los ciudadanos provenientes de diversas regiones de Asia, África y Medio Oriente, listando de forma taxativa a naciones como Afganistán, China, Corea del Norte, Irán, Irak, Siria y Nigeria, entre otras. 

Los voceros oficiales confirmaron que el plan oficial contempla un incremento inmediato en la capacitación del personal para la detección de anomalías y la verificación de identidad en fronteras.