Trabajadores del fuero laboral nacional ocuparon este lunes por la mañana la sede de la Justicia Nacional del Trabajo, ubicada en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, en el centro porteño, en rechazo a la reforma laboral que contempla la transferencia progresiva de competencias hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue resuelta en asamblea y cuenta con el respaldo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), conducida por Julio Piumato. Incluye un paro total de actividades durante la jornada y su continuidad con una movilización nacional prevista para el 24 de febrero a las 11.

En comunicados difundidos por el gremio, la ocupación se explica por la "emergencia" que -según sostienen- atraviesa el fuero ante un proceso de desmantelamiento impulsado por la normativa en debate, la cual, afirman, "vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional". Desde la organización calificaron la iniciativa como una "entrega" y un "traspaso destructivo" que pone en riesgo la tutela efectiva de los derechos laborales.

La protesta se centra en el rechazo al artículo 91 del proyecto de reforma laboral, que aprueba el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral firmado entre el Gobierno nacional y la administración porteña. El convenio prevé un traspaso gradual de competencias con un plazo de 180 días para la adecuación de jueces e infraestructura, lo que implicaría la disolución progresiva de la Justicia Nacional del Trabajo.

Durante la ocupación, y ante lo que describieron como el "clamor" de los trabajadores presentes, la UEJN resolvió extender el cese de actividades a todo el país. "La Justicia Nacional del Trabajo no se entrega: se defiende", señalaron en uno de los comunicados, donde además advirtieron sobre consecuencias "irreparables" para la protección de derechos laborales si avanza el proceso.

La Comisión Directiva Nacional del gremio ratificó el paro y anticipó la profundización de medidas de acción directa, sin descartar la presentación de recursos judiciales para frenar la aplicación de la norma cuestionada.