La Libertad Avanza (LLA) logró incorporar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires como anexo de la ley de reforma laboral durante la maratónica sesión en el Senado, una decisión que reactivó una fuerte reacción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El traspaso de la Justicia laboral al ámbito porteño es una discusión abierta desde la reforma constitucional de 1994, que consolidó la autonomía de la Ciudad. Un año más tarde, la Ley 24.588 -conocida como Ley Cafiero- habilitó la firma de convenios entre el Estado nacional y la Ciudad para transferir funciones, organismos y bienes. Aunque hubo avances en áreas como seguridad y transporte, las competencias judiciales laborales permanecen bajo órbita nacional.

El convenio impulsado por el oficialismo -que aún debe ser aprobado por el Senado y la Legislatura porteña- prevé un esquema progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman las causas iniciadas tras la entrada en vigencia del acuerdo. Los expedientes previos seguirán tramitando en la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.

Desde el Gobierno porteño defendieron la iniciativa al señalar que permitirá implementar "un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes".

La advertencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios

En la antesala del tratamiento, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional declaró el "estado de máxima alerta" frente al avance del traspaso y a la posibilidad de un eventual cierre del fuero laboral nacional.

En el comunicado, la entidad sostuvo que observa "proyectos y acciones dirigidas a instrumentar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires", y advirtió que en este caso se llegaría "al extremo de disponer el inmediato cierre del fuero laboral, en un claro intento de disciplinar a sus jueces y funcionarios".

La Asociación afirmó que la situación la obliga a "ratificar la histórica posición" que mantiene desde hace más de 25 años contra los proyectos de transferencia, y adelantó que se encuentra en "pleno estudio de las acciones a implementar con la urgencia que el caso amerita" ante lo que definió como un "nuevo intento de avasallamiento de la justicia nacional".

Asimismo, rechazó "enérgicamente toda medida que, por medios directos u oblicuos, pretenda avanzar hacia la disolución del fuero laboral nacional", al considerar que implicaría un "grave, intolerante e inadmisible perjuicio" para magistrados, funcionarios y empleados, además de afectar los derechos de los justiciables y los principios de independencia judicial.

De este modo, el debate por el traspaso de la Justicia laboral suma un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y sectores del Poder Judicial, en un contexto en el que la reforma laboral ya genera fuertes cruces políticos y sindicales.