La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) rechazó el bono que el Gobierno de Javier Milei impulsa para cancelar deudas atrasadas y consideró “inaceptable” que pagos pendientes se condicionen a aceptar esta propuesta.

“Le informamos que nuestros asociados nos han manifestado su rechazo a la modalidad de pago dispuesta”, señaló la nota que la entidad le envió al ministro de Economía, Luis Caputo, para comunicar la posición del sector.

Según pudo establecer NA, la posibilidad de acciones judiciales quedará sujeta a lo que decida cada compañía involucrada. 

 

Este miércoles a través de la Resolución 58/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el régimen de pagos para intentar cubrir la deuda que mantiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las generadoras eléctricas del país.

La propuesta consiste en cancelar la deuda por subsidios energéticos, que en el documento oficial se reconoce que a fines de abril alcanzaba $1.074.258.000.000, con una quita del 50% mediante la entrega de un bono en dólares (AE38) para diferir los montos vencidos correspondientes a diciembre y enero.

En su nota, AGEERA argumentó su rechazo en que la propuesta “resulta en una afectación de los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada”.

“Afecta a la seguridad jurídica”

También advierte que la medida “impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos Generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales”. Además, cuestionaron que “implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al Spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses”.

 

Asimismo, consideraron que “afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden su energía al Spot, en pesos y a precios desactualizados”.

La asociación, en este marco, también evalúa que “resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado”. 

Añadieron que “afecta la seguridad jurídica en general” y cuestionaron que “la Administración Pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento”. “Respecto de este último punto, es relevante recordar que los PPAs son contratos que se gestaron como un compromiso de CAMMESA en el marco de regímenes de promoción de inversiones en un sector en el cual, a pesar de existir la necesidad de nueva generación, no estaban dadas las condiciones para la inversión privada producto de una señal de precio fuertemente distorsionada por los subsidios”, añadió la entidad.

 

Asimismo destacó que “una modificación unilateral, tanto en los contratos como en los demás derechos adquiridos, repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país”. “De esta manera, un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica”, insistió AGEERA.

“Inaceptable”

Las empresas alertaron además sobre “la situación crítica que están pasando los Agentes Generadores a quienes CAMMESA, sin mediar razón alguna y en una clara violación de ‘Los Procedimientos’, debe la totalidad de las ventas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, encontrándose próxima a vencer la transacción de marzo del corriente año”.

AGEERA sostuvo que “resulta de suma gravedad el hecho de que CAMMESA, contando con fondos disponibles provenientes de cobranzas de la demanda y de aporte del Tesoro Nacional no efectuó los pagos correspondientes, lo que representa un grave incumplimiento de sus deberes”.

“Si bien se rechaza la Resolución en su totalidad, el hecho de sujetar el pago de febrero (para el cual como se dijo en el párrafo precedente, CAMMESA posee fondos disponibles desde mediados de abril) a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable”, enfatizaron las empresas generadoras.