La Cámara Nacional Electoral declaró hoy la nulidad del decreto de necesidad y urgencia N° 366/2025 dictado por el presidente Javier Milei.

La normativa anulada pretendía transferir la competencia para otorgar la ciudadanía argentina desde el Poder Judicial hacia la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

Un decreto dictado en clara violación a la materia electoral

El tribunal fundamentó su decisión señalando la intrínseca vinculación que existe entre el otorgamiento de la ciudadanía y la adquisición de los derechos políticos de las personas. 

Debido a esto, los magistrados indicaron que el DNU altera directamente cuestiones atinentes a la materia electoral.

En este sentido, el fallo recordó que el artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa y que el artículo 99, inciso 3°, le prohíbe al Presidente dictar decretos de necesidad y urgencia en esta área específica. 

La Carta Magna penaliza estas acciones con la "nulidad absoluta e insanable" del texto normativo.

Las justificaciones de la Cámara y el freno de los jueces

Por otra parte, la Cámara señaló que las circunstancias alegadas por el Gobierno nacional no constituyeron razones de "rigurosa excepcionalidad y urgencia". 

Al comprobarse que no era imposible seguir el trámite legislativo ordinario en el Congreso, los jueces determinaron que el Poder Ejecutivo actuó con un claro exceso de sus facultades constitucionales.

"Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa, que les impone aplicar la norma legal frente a un decreto que la modifica con exceso de facultades", explicaron en la sentencia.

Finalmente, el tribunal resolvió revocar un fallo previo de primera instancia y ordenó notificar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones sobre el cese de la medida. La resolución ya fue enviada a los jueces federales con competencia electoral de todo el país para unificar el criterio del fuero.