La Cámara Nacional Electoral (CNE) manifestó este miércoles su profunda preocupación por los niveles de ausentismo en el segmento joven del padrón nacional.

Según advirtió el tribunal, los ciudadanos de entre 16 y 29 años registran niveles de asistencia a las urnas inferiores al promedio general, una tendencia que se busca revertir de cara a los próximos procesos electorales.

La inquietud fue el eje central de un encuentro con referentes de la sociedad civil, entre los que destacaron representantes de CIPPEC, Poder Ciudadano, Asociación Conciencia, Pulsar.UBA y la Red Ser Fiscal.

Durante la jornada, se remarcó la urgencia de implementar políticas de formación electoral y educación cívica que logren conectar con las nuevas generaciones.

Tanto los magistrados como las organizaciones coincidieron en que el principal obstáculo para la participación es la proliferación de noticias falsas y el deterioro del debate público. En este contexto, las entidades presentes cerraron filas en defensa de la Ley de Debate Presidencial obligatorio.

La postura no es casual: el mecanismo corre riesgo de ser eliminado en el marco de la reforma electoral que impulsa el Poder Ejecutivo. Para las ONG y la Cámara, el debate constituye una herramienta esencial para la transparencia y el voto informado, especialmente para quienes votan por primera vez.

Radiografía del "voto joven" 

A pesar de que la Ley 26.774 de "Voto Joven" amplió derechos en 2012, las estadísticas muestran una brecha persistente. Los votantes de 16 y 17 años suelen registrar una concurrencia 20 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

En 2019, mientras el promedio general de participación fue del 81%, entre los más jóvenes apenas alcanzó el 63%.

En tanto, en 2023 se registró un repunte, llegando a picos del 68,6%, aunque la cifra sigue sin equipararse al resto del electorado.

Por otra parte, la CNE aprovechó la instancia para ratificar el buen desempeño de la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios nacionales recientes.

No obstante, los jueces hicieron hincapié en que su implementación exitosa requiere de un esquema de capacitación masivo para evitar confusiones en el cuarto oscuro.

Finalmente, el tribunal ratificó su compromiso con la integridad del proceso electoral y aseguró que mantendrá canales abiertos con el Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho de la UBA y el Club Político Argentino para "fortalecer la cultura democrática".