La Justicia Federal ordenó una serie de medidas de prueba para trazar de forma detallada el patrimonio de Facundo Leal, ex presidente de la empresa estatal ARSAT, en el marco de la investigación donde se le secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo. 

La disposición fue dictada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a solicitud del fiscal Fernando Domínguez, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad de los bienes y los movimientos financieros del imputado y los demás acusados. 

Paralelamente, el exfuncionario sumó una nueva imputación por presuntas maniobras de corrupción vinculadas a su posterior paso como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Hallazgo de divisas, estupefacientes y tecnología táctica

Facundo Leal permanece detenido desde fines de mayo tras una serie de allanamientos ordenados en sus propiedades de la ciudad de Buenos Aires y de Mendoza. 

Si bien los operativos iniciales buscaban recolectar elementos de prueba para una causa por supuestos retornos comerciales en contratos de logística de ARSAT, el ex directivo quedó arrestado debido al hallazgo flagrante de estupefacientes. 

Las fuerzas de seguridad incautaron en su vivienda de Palermo Chico un total de 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína y un vapeador con cannabis.

Además del dinero en efectivo y las sustancias, los agentes de la Policía Federal confiscaron una valija que contenía 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar y espionaje. 

Entre los elementos secuestrados se destacan micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras y mouses, así como localizadores satelitales e inhibidores de señal. 

El magistrado interante comenzó las pericias tecnológicas sobre estos equipos para determinar si contienen registros de tareas operativas o archivos de audio.

Nuevas derivaciones judiciales del entramado

El avance de las pesquisas derivó esta semana en la apertura de una nueva línea de investigación orientada a su desempeño en el ORSNA, a partir de denuncias que señalan un presunto esquema de pedidos de coimas del 10 por ciento para acceder a contratos comerciales. 

Ante este escenario, la fiscalía solicitó informes específicos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y requirió la intervención de la Oficina Anticorrupción, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación para auditar de manera integral las adjudicaciones otorgadas durante su gestión pública.