La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida también como Ley Ómnibus, sufrió cambios desde que el Ejecutivo que encabeza Javier Milei volvió a enviarla hace algunas semanas a Diputados.

Es que el oficialismo tuvo que sacrificar artículos hasta el último minuto, por diferencias con la oposición dialoguista, para no exponerse a derrotas en el recinto en el tratamiento en particular. No obstante, tras los recortes y retoques quedó un texto voluminoso, de 240 artículos y 162 páginas.

Por insistencia de la Unión Cívica Radical (UCR) sacaron al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización parcial, al igual que todas sus empresas subsidiarias como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Servicios.

El capítulo de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. En este sentido, ganó la pulseada el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, que no quería abrir un frente de conflicto con los sindicatos, ya que en la propuesta original estaba la idea de eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados.

También decidieron quitar del articulado el capítulo entero de Defensa de la Competencia porque el Gobierno consideraba que en el actual escenario signado por sospechas de cartelización de empresas de medicina prepaga, con las modificaciones propuestas el Estado perdería poder de fuego para poder combatir estas prácticas abusivas de mercado.

A su vez, eliminaron el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que habilitaba la venta de acciones, ya que había quienes desde la oposición presionaban para que antes de liquidar acciones se obligue al Estado nacional a saldar deudas previsionales con las provincias.

El artículo 1 consiste en la declaración de la emergencia en cuatro materias: económica, administrativa, energética y financiera (es decir, que produce un recorte respecto de la versión del verano cuando estaban la de seguridad y tarifaria). Esta disposición le da facultades delegadas al Poder Ejecutivo para poder tomar resoluciones en cada uno de estos planos.

La ley sigue con un capítulo de reforma del Estado donde lo más relevante es el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo eliminar reparticiones públicas, suprimir competencias y funciones de esos organismos, fusionar estructuras, disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada.

No obstante, incluyeron una lista de organismos que quedan a salvo de cualquier intento de disolución. En la versión anterior, sólo estaban ahí, entre las excepciones, al Conicet, el INTA y las universidades nacionales, pero por presión de los bloques opositores sumaron a la CONEAU, CONAE, Instituto Malbrán, INCUCAI, INCAA, ANMAT, ENACOM, la CNV y la UIF.

Enmarcado en el mismo título de “Reforma del Estado” está el artículo 5 que autoriza al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.

Por pedidos de la oposición dialoguista efectuaron retoques para garantizar que los recursos de aquellos fideicomisos que son financian con asignaciones específicas de impuestos coparticipables, vuelvan a la masa coparticipable, y solamente los fondos del resto de los fideicomisos que se liquidan vuelvan al Tesoro.

En cuanto al capítulo de privatizaciones, quedaron las empresas sujetas a privatizaciones a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU, mientras que se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Declararon empresas sujetas a privatización parcial, en tanto, a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que en caso de que una parte de sus acciones sean trasferidas, el Estado deberá conservar la mayoría societaria. En este grupo estaba incluido el Banco Nación, pero fue retirado del listado y no será privatizado.

El otro tema conflictivo que estuvo en la baraja hasta último momento es la reforma laboral, que quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.

En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados “pasantías”), que son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

La empresa sólo podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

Otro aspecto fundamental es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.