Marcela Pagano denunció penalmente a Javier Milei por encubrimiento
La diputada nacional accionó judicialmente tras las declaraciones del mandatario en una entrevista por streaming.
La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente este viernes al presidente Javier Milei por el presunto delito de encubrimiento de delitos.
La presentación judicial de la legisladora se originó a partir de las declaraciones realizadas por el jefe de Estado durante una entrevista televisiva brindada el jueves en un canal de streaming.
Según la denuncia, el mandatario habría incumplido su deber de funcionario público al omitir la denuncia judicial de dos hechos delictivos de acción pública que él mismo relató en el reportaje.
El primer hecho señalado por la exintegrante del bloque libertario se basa en las afirmaciones del Presidente respecto a que, tras la victoria electoral de Manuel Adorni en los comicios porteños de medio término, se habría intentado perpetrar un golpe de Estado contra su administración.
En el texto de la denuncia, la legisladora sostuvo que dicho escenario "configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes".
Asimismo, la denunciante remarcó que "se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable".
El segundo hecho fundamentado en la denuncia
La presentación judicial de Marcela Pagano incluyó un segundo fragmento de la entrevista periodística, en el cual el presidente de la Nación hizo alusión a un presunto intento de coima por parte de un empresario del sector privado.
Al respecto, la diputada detalló en el escrito que la conducta descrita por el mandatario "encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal".
Finalmente, el documento presentado ante la Justicia advierte que la figura legal podría sumar "la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de Presidente de la Nación del funcionario al que se dirigió la oferta" económica ilegal.
