Las decenas de personas, familiares de personas discapacitadas y miembros de agrupaciones, que se manifiestan en contra del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad se enfrentaron con Gendarmería en la Plaza del Congreso, cuando los efectivos intentaron aplicar el denominado protocolo antipiquetes.

La movilización comenzó a las 11:30 cuando cortaron la calle Solís y, pasadas las 12, se dieron los incidentes con las fuerzas de seguridad que intentaron despejar la avenida Entre Ríos y los manifestantes se empujaron con los agentes.

Como bien se informó, la protesta tiene lugar luego de que se conociera este lunes en el Boletín Oficial que el Poder Ejecutivo aplicó el veto a la iniciativa que contaba con la aprobación tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores.

 

 

Ante este escenario, las diversas agrupaciones que representan a personas con discapacidad anunciaron la convocatoria a movilizar este martes a las 11:30 en la Plaza de los dos Congresos, pero con réplicas en plazas centrales de todo el país. 

Además, notificaron la suspensión de las actividades vinculadas al área de discapacidad, argumentando la “gravedad de la crisis” que afecta actualmente al sector. Los organizadores difundieron el llamado a través de redes sociales y comunicados, invitando a la sociedad a sumarse a la protesta.

El reclamo por el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente el veto presidencial y cuestionó: “Presidente, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?”. 

Del mismo modo, el documento remarcó: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.

 

Según el Foro, la emergencia en el área de discapacidad afecta a una diversidad de realidades. Describen que hay personas empleadas en talleres protegidos que actualmente perciben 28.000 pesos mensuales como ingreso.  A su vez, resaltan que muchas personas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos básicos y apoyos que les permitan condiciones de vida dignas. 

El comunicado advierte que también están en riesgo los servicios de acompañamiento integral y que numerosos prestadores enfrentan dificultades económicas que podrían llevarlos al cierre, dado que los aranceles no cubren costos esenciales de funcionamiento.