Tras el veredicto de la Corte Suprema de Justicia en enviar a Cristina Fernández de Kirchner a juicio oral por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la vicepresidenta Victoria Villarruel celebró el fallo tras acusar a la ex mandataria de actuar "traicionando a la Patria" y consideró que  "se le está cayendo la careta".

"Toda mi vida luché por las víctimas del terrorismo y que se haya pactado la sangre inocente derramada en nuestro suelo entre gallos y medianoches, no es otra cosa que una infame traición a la Patria", comenzó escribiendo la funcionaria en su cuenta personal de X.

En tanto, con el reciente fallo, Villarruel aguarda a que los culpables del atentado contra la sede de AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 herido, "rindan cuentas en la justicia por la memoria de los que no están y la paz de sus familias".

"El kirchnerismo es la tragedia más grande en la historia argentina y a su jefa ya se le está cayendo la careta (no así su cara que es de amianto)", se despachó la vicepresidenta en las redes sociales.

El máximo tribunal —con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— avaló la decisión que había tomado al respecto la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó los sobreseimientos de todos los acusados.

“La gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que esta Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión. No toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional”, dice la resolución.

En tanto, para la decisión final "se consideró adecuado dar lugar al pertinente debate oral y público", ya que el tribunal entendió que "no se trataba de un caso en el cual el poder judicial hubiera ejercido un control ajeno a su competencia sobre las razones de oportunidad, mérito o conveniencia, tomadas en cuenta por otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias, sino que, a raíz del planteo de los acusadores público y particular, se inició un proceso tendiente a verificar la veracidad de la hipótesis delictiva que estos sostuvieran".