Un amplio grupo de colegios de abogados de distintas provincias expresó su rechazo a puntos clave de la Reforma Laboral aprobada por el Congreso el pasado 27 de febrero y avanzará con acciones judiciales para frenar su aplicación.

En concreto, cerca de 29 entidades profesionales preparan la presentación de una medida cautelar ante la Justicia con el objetivo de suspender los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, recientemente modificados.

Uno de los cambios cuestionados es la incorporación de la figura de "pluspetición inexcusable". Según explicaron, esta disposición establece que, si un juez reconoce un monto menor al reclamado, el abogado podría ser considerado responsable solidario en el pago de las costas del proceso. A su vez, la reforma del artículo 227 habilita el pago de sentencias laborales -incluidas indemnizaciones y honorarios- en hasta 12 cuotas mensuales.

Las entidades sostienen que estas modificaciones vulneran garantías previstas en la Constitución Nacional, en particular los artículos 14 bis, 17, 18 y 75. En la demanda que presentarán ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, advirtieron sobre un posible uso indebido de herramientas procesales que podría impactar no solo en las partes involucradas, sino también en el funcionamiento del sistema judicial.

En ese sentido, remarcaron que la normativa vigente ya contempla mecanismos para sancionar conductas abusivas dentro de los procesos judiciales. Citaron, entre otros, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece la obligación de actuar con lealtad y buena fe, y faculta a los jueces a aplicar sanciones en casos de temeridad o malicia.

Para los colegios firmantes, las reformas introducen un riesgo económico para los abogados que podría desalentar la defensa de los trabajadores y afectar el ejercicio pleno del derecho de defensa. "Las normas impugnadas resultan, en principio, incompatibles con el orden constitucional y legal vigente", señalaron al fundamentar el pedido de medida cautelar.

La iniciativa es impulsada por el Colegio de Abogados de Villa María y cuenta con el acompañamiento de entidades de diversas jurisdicciones, entre ellas colegios de Corrientes, Córdoba, Jujuy, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Salta, Chaco, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, entre otras.

Previamente, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) ya había manifestado su rechazo a otro de los artículos de la reforma, al considerar que afecta la dignidad profesional y el derecho de defensa.

En la misma línea, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal envió el 16 de febrero una nota al presidente de la Cámara de Diputados y a los distintos bloques parlamentarios, en la que advirtió sobre posibles efectos discriminatorios hacia los abogados laboralistas y riesgos patrimoniales derivados de la nueva normativa.