La Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó este lunes con una nueva ofensiva judicial contra la decisión que reactivó la reforma laboral. A través de una presentación formal, la central obrera solicitó apartar a los dos magistrados que intervinieron en el caso y reclamó que se invalide la resolución dictada días atrás.

El planteo fue impulsado por el abogado Pablo Topet, quien actúa en representación de la CGT. En el escrito, se cuestiona la actuación de los jueces Víctor Pesino y María Dora González, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por considerar que incurrieron en un adelantamiento de opinión al resolver sobre el expediente.

Dicha cámara había resuelto la semana pasada modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa en que la central sindical pidió la inconstitucionalidad de la reforma laboral. Así, el tribunal de apelaciones restableció la vigencia de 82 artículos que habían sido frenados por el juez Raúl Ojeda.

Según argumentó la CGT, ambos magistrados "prejuzgaron" al firmar el fallo que dejó sin efecto la suspensión previa de la reforma. Además, apuntó en particular contra Pesino, al sostener que habría recibido "un beneficio de importancia por parte del Estado Nacional", lo que, a su entender, comprometería su imparcialidad.

En ese contexto, la organización sindical pidió que se declare la nulidad de la sentencia. "La resolución que se recurre carece de todo fundamento", afirmaron en el escrito presentado ante la Justicia laboral.

El texto tildó de "descalificable" la conducta del Estado, al promover la continuidad en el cargo más allá de los 75 años (tal como marca la Constitución Nacional reformada en 1994) "de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial".

"Esta inconsecuencia, no es un desvarío de la autoridad, ni una razón sin fundamento, es la razón desprovista de moral, es asociar beneficios mutuos, mientras la sociedad (que abrigaba expectativas de imparcialidad) asiste, sin mediaciones, a la demolición de la división de poderes y la credibilidad en el Estado de Derecho", señaló.

Para la CGT, una contraprestación semejante entre un juez y el Estado constituye "un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo". En su presentación sostuvo también que el fallo de Pesino y González "ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia para ello y sobre la base de evidentes y manifiestos yerros".

Cuando restablecieron la vigencia de la reforma laboral, ambos magistrados habían considerado que no se afectaba a "sectores socialmente vulnerables", y que no se encuentra "comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos".

Estas apreciaciones motivaron que la CGT los recusara por prejuzgamiento, al adelantar opinión sobre la cuestión de fondo, y considerar que "no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia".