La reforma laboral sale del fuero del trabajo y pasa al Contencioso Administrativo
La Sala IV se declaró competente para tramitar la apelación de la CGT, mientras la central obrera denuncia parcialidad en los jueces laborales.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente este martes para tramitar la apelación de la CGT contra la reforma laboral.
Con los votos de los magistrados Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy, la Sala IV definió que ese fuero liderará la causa y solicitó formalmente a la Justicia del Trabajo que cese su accionar en el expediente que mantiene en vilo la nueva normativa legal.
Recusaciones y denuncias de la central obrera
El traslado de la causa se produce en un clima de extrema tensión entre la central trabajadora y los magistrados de la Sala VIII del tribunal laboral, María Dora González y Víctor Arturo Pesino.
La CGT recusó a ambos jueces alegando una "asociación de beneficios mutuos" entre el magistrado Pesino y el Estado Nacional, vinculada al impulso oficial para extender su permanencia en el cargo tras cumplir 75 años.
En un escrito de alta dureza, la organización sindical afirmó que el panorama judicial vigente "avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo".
Además, cuestionaron la premura con la que se restablecieron 83 artículos de la reforma que habían sido frenados originalmente por el juez Raúl Ojeda, señalando una "manifiesta parcialidad hacia el Estado Nacional".
El debate sobre la vigencia de la ley
El conflicto central radica en el efecto suspensivo otorgado a la apelación oficial, lo que dejó sin efecto la medida cautelar que protegía los derechos laborales.
Según la CGT, esta decisión vulnera el derecho de defensa y desprotege a los trabajadores. "Nos cuesta imaginar por qué razón estos jueces consideran que los trabajadores no son socialmente vulnerables", expresaron desde la central en referencia a la interpretación de la Ley 26.854.
Con el paso del expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal, la validez de los artículos reformados queda bajo una nueva órbita judicial.
La defensa de la central obrera advirtió que el criterio adoptado previamente por el fuero laboral "haría desaparecer la justicia cautelar", al permitir que una apelación oficial paralice automáticamente cualquier medida de protección urgente dictada en primera instancia.
