El inicio de la audiencia pública por la Ley de Glaciares estuvo marcado por la intervención de Adolfo Pérez Esquivel. 

El referente de 94 años y galardonado con el Nobel de la Paz utilizó el estrado para denunciar irregularidades en la organización del debate, asegurando que el recorte en la lista de oradores y los tiempos asignados constituye una transgresión a múltiples normativas vigentes.

Pérez Esquivel puso el foco en la restricción de la participación ciudadana, señalando que apenas una mínima fracción de los interesados pudo acceder al uso de la palabra. 

"¿Qué va a pasar con las más de 100.000 personas que quieren exponer? Es inaceptable para la democracia que en una audiencia pública que solo se le otorgue la palabra al 0,5%", cuestionó, calificando el hecho como una "violación sistemática del derecho del pueblo".

El agua y el rol de los legisladores

Durante su alocución, el activista recordó sus recorridos globales para enfatizar la crisis hídrica. 

"En mi vida he viajado por todos los rincones del mundo y me he encontrado en países que no tienen agua. El agua no es una mercancía, es un derecho que no se le puede quitar al pueblo", sentenció de forma tajante.

En un mensaje directo a los legisladores presentes, reclamó garantías sobre la consideración de las ponencias enviadas de forma remota.

"¿Qué nos garantiza que esos escritos o videos sean oídos por los representantes del pueblo argentino? Ustedes los diputados tienen que darnos respuesta", demandó, instándolos a asumir su responsabilidad institucional.

Pueblos originarios y marco legal

La defensa de las comunidades indígenas ocupó un lugar central en su discurso. 

Pérez Esquivel apeló a conceptos del Papa Francisco para describir la situación de estos sectores: "Nos olvidamos de los hermanos indígenas. Esto es lo que el Papa Francisco llamaba 'los descartables'. Tienen rostro, sentido, vida, son culturas que se están marginando".

En términos jurídicos, el Nobel citó el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT para fundamentar la obligatoriedad de la consulta previa. 

"Existe una obligación legal del Estado de tener el diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Dado que está en juego la preservación de su cultura", explicó, añadiendo que "reconocer el derecho a los integrantes de los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa libre e informada. La gente no puede participar si no sabe de lo que se trata".

Alerta por megaminería

Hacia el cierre, el activista vinculó la explotación de recursos con consecuencias sanitarias directas y apuntó contra las provincias que integran las mesas del Litio y del Cobre. 

"La contaminación que va a haber en el medio ambiente va a provocar daños en la salud de la población por la megaminería", advirtió. Su intervención finalizó con un llamado a la conciencia legislativa: "Piensen cuándo votan qué votan".