Presupuesto: sin acuerdo y sin ley, el Gobierno prorrogó gastos y partidas
La distribución de los recursos se dispuso a través de la Decisión Administrativa 3/2025 publicada en el Boletín Oficial. La decisión se tomó tras dejar el debate sobre el presupuesto afuera de la sesiones extraordinarias.
El Gobierno de Javier Milei publicó este jueves la norma que establece el presupuesto para el 2025 y que regirá hasta que se apruebe la nueva ley. Así quedó establecido luego de prorrogar por segundo año consecutivo el monto asignado para gastos y partidas.
Tras no alcanzar un acuerdo legislativo para tratar el Presupuesto 2025 y dejar el debate afuera de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo se basó en el Presupuesto de 2023 y la actualización del último año, para “asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.
La distribución de los recursos se dispuso a través de la Decisión Administrativa 3/2025 publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan las modificaciones presupuestarias, el financiamiento a empresas públicas, y la gestión de remanentes del ejercicio 2024.
La normativa que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, determina los recursos y créditos presupuestarios vigentes, según la Ley N° 27.701.
De acuerdo con el documento, se apunta a la "transparencia y eficiencia" en la gestión de los recursos públicos para otorgar las partidas de los ministerios, la Tesorería y poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En el Anexo I de la norma se detalla el total de $170.786.950 millones de las partidas asignadas por cada jurisdicción. Representa un aumento de $81,1 billones en comparación con el total ejecutado por la Administración Central en 2024.
Además, se establecieron mecanismos de control del presupuesto prorrogado, como la remisión trimestral de información sobre la evolución de las plantas y contrataciones de personal a la Secretaría de Hacienda; su financiamiento para la cobertura de cargos; y la aprobación de la incorporación, homologación, reasignación y derogación de cargo.
El texto de la norma también define las facultades para efectuar modificaciones presupuestarias. Exceptuando en este caso las decisiones que impliquen "cambios en la distribución de finalidades o incrementos de gastos corrientes" sobre los gastos de capital o aplicaciones financieras.
En la distribución de partidas se observa que la mayor parte de las jurisdicciones tendrán menos recursos asignados ajustados por la inflación esperada que el año previo. Entre ellos se incluyen: Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio del Interior con una baja del 44%; el Poder Legislativo Nacional -23,4%; Ministerio Público: -23,3%; Ministerio de Economía e Infraestructura -20,4%; Ministerio de Defensa -17%; Cancillería -15,1%; Ministerio de Seguridad -11,8%; Poder Judicial de la Nación -8,7% y Ministerio de Capital Humano -2,5%.
