La Legislatura porteña convalidó este jueves la instalación del enrejado que atraviesa la Plaza de Mayo para reforzar la seguridad de la Casa de Gobierno, en una medida sobre la cual especialistas en patrimonio urbano pusieron reparos al sostener que "fragmenta" el emblemático espacio aunque, al mismo tiempo, la consideraron "imprescindible".

La ley fue aprobada en primera lectura solamente con los votos del oficialismo porteño, y al ser una norma "de doble lectura" deberá ser discutida por la ciudadanía en una audiencia pública y retornar nuevamente al recinto de sesiones del Parlamento de la Ciudad para su sanción final.

La iniciativa fue elaborada, en rigor, por el Gobierno de la Ciudad en enero pasado, poco después que un fallo de la justicia porteña declarara como "ilegítimo" al enrejado, el cual fue dispuesto por la administración de Horacio Rodríguez Larreta y que va desde Hipólito Yrigoyen hasta la avenida Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo.

La medida, firmada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Osvaldo Otheguy hizo lugar a un amparo de la asociación Observatorio del Derecho a la Ciudad, y determinó que el Gobierno local debía sancionar una nueva normativa respecto de lo estipulado en el Código Urbanístico para la Plaza de Mayo.

La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura y diputada de Vamos Juntos, Victoria Roldán Méndez, explicó que "se da cumplimiento con la manda judicial que planteó que la Ciudad debe modificar la normativa", y dijo que las rejas son esenciales para proteger a la Plaza de Mayo y a su patrimonio de "actos de vandalismo que ha sufrido".

La diputada Inés Gorbea, presidenta del bloque Evolución, señaló que el tratamiento de la ley se deriva de un "proceso de imposición de decisiones del Ejecutivo por fuera de las vías adecuadas, que luego busca ser corregido por un pedido judicial".

En el mismo sentido, el legislador de Unidad Ciudadana Javier Andrade, acusó al oficialismo de "primero hacer la trampa y luego buscar modificar la ley".

La norma sancionada abona "la instalación del cerco de seguridad con el objeto de proteger, conservar y mantener el patrimonio y espacio público urbano, así como también garantizar las cuestiones relativas a la seguridad de los ciudadanos y de la Casa Rosada".

Según se consigna en el texto, su despliegue, ocurrido en mayo del 2018 como parte de obras de remodelación a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, fue "por solicitud de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación".

Los vallados de seguridad comenzaron a verse a finales del 2001 y comienzo del 2002, como contención metálica inicialmente precaria para protección de la sede gubernamental durante manifestaciones populares; y luego se ampliaron, aferraron, soldaron y cementaron.

Según fuentes del Ejecutivo, en reemplazo de esas vallas se instalaron rejas y portones que cuentan con un sistema de plegado que "facilita el flujo del tránsito, mejorando los accesos" y el que "se puede desarmar en un período de entre seis y ocho horas".

Para Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho, "lo que pasó en la Legislatura fue el blanqueo de la ilegalidad de la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo". 

El abogado consideró que tanto el enrejado como las obras ejecutadas en la plaza debieron contar con la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos; entidad que, según manifestó, rechazó la instalación del cerco al ser consultado por el Gobierno de la Ciudad el año pasado.

La arquitecta María Elena Mazzantini, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, reflexionó que "es difícil tomar una posición porque comprendo la razón de ser de las rejas, pero no me gusta que estén ahí, pero no puedo decir que es una medida cien por ciento arbitraria porque la culpa de la existencia del enrejado la tenemos todos".

En igual sentido, Daniel Schávelzon, arqueólogo urbano, afirmó que el cerco no le gusta, pero sostuvo que su instalación es "imprescindible".

"Si la sociedad genera situaciones conflictivas que ponen en riesgo el edificio de la Casa de Gobierno, entonces no hay más remedio que poner rejas y el día que seamos más civilizados, se podrán sacar", agregó.

Por su parte, Mónica Capano, del Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas, afirmó que las rejas "fragmentan el espacio público que es un espacio patrimonial por excelencia porque es el eje cívico que comunica la Casa Rosada con el Congreso".