El juez Raúl Ojeda suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y defendió su decisión al sostener que se trata de una medida excepcional destinada a evitar daños hasta que salga la sentencia definitiva. 

El fallo, emitido el pasado lunes en el marco de una acción colectiva presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), dispuso la interrupción provisoria de parte de la ley 27.802 al considerar que existen elementos suficientes para analizar su eventual inconstitucionalidad.

Los argumentos del fallo judicial

En declaraciones a Radio Rivadavia, el magistrado sostuvo que la determinación responde a la urgencia del escenario actual. 

"Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No hemos tenido leyes que creen situaciones extraordinarias como estas", aseguró Ojeda. 

Según su análisis, en esta instancia no se requiere una certeza absoluta sobre la validez del planteo, sino la verificación de una apariencia razonable del derecho invocado.

El juez puntualizó que el riesgo de que la demora judicial genere perjuicios de difícil reparación fue clave para su resolución. "En la medida cautelar uno tiene que evaluar si es posible que haya vicios de inconstitucionalidad en este caso", explicó, y agregó que "hay principios del derecho del trabajo, de protección, de regresividad, que denotan en una primera mirada que se están vulnerando".

La respuesta del Gobierno y el camino legal

Tras la medida dictada por el fuero laboral, el Estado nacional deberá responder sobre la cautelar y defender los artículos cuestionados. 

La cartera que conduce Sandra Pettovello ya informó que apelará el fallo con el objetivo de restituir la vigencia de los puntos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.

Desde el ministerio emitieron un comunicado donde señalaron que ciertos sectores "pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento", ratificando la validez de la ley de Modernización Laboral. 

Al respecto, Ojeda concluyó: "Ahora el Estado nacional debe contestar sobre la cautelar y defender los artículos que son objeto de la acción".