El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, reafirmó que la seguridad jurídica es un elemento central para el desarrollo económico y sostuvo que los fallos del máximo tribunal deben ser de "obligatorio acatamiento". Según explicó, esto resulta clave para dar previsibilidad a los inversores y generar condiciones claras en el sistema institucional.

"La seguridad jurídica debe ser para todos, no para unos y no para otros, porque si no, no es segura", remarcó el magistrado durante su participación en el AmCham Summit 2026, el tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde expuso sobre "La institucionalidad como pilar del desarrollo".

La Corte como garante de previsibilidad

Durante su discurso, Rosatti explicó que una inversión puede verse afectada por múltiples factores: desde la interpretación de un tratado internacional hasta cláusulas ambientales provinciales, tasas municipales o leyes que definan la jurisdicción competente en caso de conflicto.

En ese contexto, subrayó que todas esas cuestiones deben ser resueltas en última instancia por la Corte Suprema y que sus decisiones deben ser acatadas por los tribunales inferiores.

"Entonces todos sabemos a qué atenernos. Y así hay seguridad para el inversor y para quien recibe la inversión", sostuvo, al insistir en que la previsibilidad depende directamente del respeto a las decisiones del máximo tribunal.

Seguridad jurídica y calidad institucional

El titular de la Corte también vinculó la seguridad jurídica con la calidad institucional y recordó que, además del crecimiento económico, organismos internacionales como la ONU comenzaron a medir el desarrollo de los países a partir de otros factores como la salud y la educación.

En esa línea, consideró necesario sumar la independencia del Poder Judicial como un componente clave. "Cuando hablamos de derecho vinculado a los intercambios económicos e internacionales, lo que estamos pensando es en la seguridad jurídica", explicó.

Además, planteó que esta seguridad tiene dos dimensiones:

• Un componente normativo, relacionado con regulaciones, tipo de cambio, tarifas e impuestos.
• Un componente institucional, vinculado al funcionamiento del sistema republicano, la división de poderes y la independencia judicial.

Según detalló, el Poder Judicial interviene en ambos planos, ya que es el encargado de interpretar las normas y determinar su constitucionalidad.

El peso del Poder Judicial en la Argentina

Rosatti también hizo foco en la alta demanda que enfrenta la Corte Suprema argentina, en comparación con otros países. Señaló que mientras la Corte Suprema de Estados Unidos trata alrededor de 100 casos por año, en la Argentina se dictan unas 15 mil sentencias anuales.

Para el magistrado, este volumen refleja una fuerte necesidad de respuestas judiciales, muchas de ellas vinculadas directamente con la seguridad jurídica y las inversiones.

"Por eso son importantes las herramientas con las que pueda contar el Poder Judicial y fundamentalmente la Corte Suprema para tomar las mejores decisiones", afirmó.

El acatamiento de los fallos, en el centro del debate

En el cierre, Rosatti volvió a poner el foco en la necesidad de que las decisiones del máximo tribunal sean respetadas. Aseguró que el acatamiento obligatorio no está prohibido por la Constitución y que constituye una herramienta fundamental para garantizar previsibilidad.

"Una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación de un tratado, sino también por normas locales o conflictos de jurisdicción. Y esas cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte", concluyó.