Uno de los pilares del plan económico llevado adelante por el presidente Javier Milei fue el ajuste fiscal. Bajo la prioridad del equilibrio de las cuentas públicas, el jefe de Estado no dudó en pasar la motosierra sobre gran cantidad de organismos del Estado, sin importar la función que ejecutaran.

Entre los que cayó bajo los efectos de la dañina herramienta fue la Dirección Nacional de Vialidad, que fue disuelta a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340, firmado por Javier Milei y todos sus ministros.

Sin embargo, en la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el DNU, haciendo uso de la potestad que le da la Constitución de revisar este tipo de herramientas que el Poder Ejecutivo sólo puede utilizar de manera excepcional (aunque en los últimos tiempos se volvió una costumbre). Si el Senado se expide en igual sentido, el decreto perderá validez legal.

La decisión de la Cámara baja también se extendió a otra norma de neceesidad y urgencia, la 461, que establecía la desregulación de la navegación de cabotaje. Esta provocaba profundos cambios en el sector, sobre todo en el régimen laboral de los piotos. De inmediato, especialistas del sector alertaron sobre los riesgos en materia de seguridad aérea que causaría la implementación de esa norma. 

Ante el resultado del debate parlamentario, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) celebró la decisión y remarcó que valora “el avance de proyectos que defienden lo público y privado”.

El comunicado de la CATT fue firmado por su titular, Juan Carlos Schmid, y por Juan Pablo Brey, secretario de Prensa. Allí se señala que “las votaciones, que arrojaron contundentes resultados superando los dos tercios de votos afirmativos, representan un freno institucional a una política de desmantelamiento de organismos clave para el desarrollo del país y de apertura indiscriminada a intereses extranjeros”.

Juan Carlos Schmid, secretario general de la CATT.

La iniciativa del Gobierno pone “en riesgo la soberanía nacional, amenazando miles de puestos de trabajo”, consideró la CATT, que planteó además que "esta reforma un grave retroceso para el sector y para el país", ya que el transporte "es desarrollo, soberanía y trabajo argentino".

"Venimos advirtiendo que la eliminación de Vialidad Nacional no solo significa una agresión directa a miles de trabajadores, sino un grave retroceso en materia de planificación territorial, conectividad y seguridad vial", sostuvieron en el comunicado.

Y sentenciaron que “Vialidad Nacional no es un gasto: es inversión estratégica y federalismo real”.

Por otro lado, recordaron que el decreto de desregulación de la marina mercante también establecía límites al derecho constitucional a huelga “al declarar al transporte como servicio esencial e impedir el ejercicio efectivo de esa garantía”.

Otro de los decretos frenados por Diputados fue el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo desde el que se desarrollaban políticas para disminuir la tasa de siniestros en todo el país.

En el caso de Vialidad Nacional, la derrota es doble, porque hace tres semanas la Justicia había suspendido los efectos del decreto que disponía el cierre del organismo.

El fallo había sido dictado por la jueza en lo Civil, Comercial, Contencioso y Administrativo de San Martín, Martina Fons. La magistrada había hecho lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina).

En su momento, desde el Ejecutivo estimaron que la medida significaría un ahorro para el Estado de unos 100 millones de dólares.

Sin embargo, el avance de la motosierra en ese ámbito provocó el desagrado de muchos gobernadores, sobre todo de las regiones agrícolas, que reciben quejas diarias por parte de los productores ante las dificultades para trasladar sus mercaderías a los centros de venta por el mal estado de las rutas.