Se terminó la espera para un reclamo que llevaba décadas de idas y vueltas. Este martes, el Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sellaron el acuerdo para traspasar las competencias de la Justicia Laboral a la jurisdicción porteña. Se trata de un paso clave que busca saldar una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Capital Federal obtuvo su autonomía.

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, calificó el hecho como un "nuevo hito" para la autonomía de los porteños. 

"Firmamos el convenio para que el Gobierno Nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia Laboral. Un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes", publicó Tapia en sus redes. 

Sin embargo, para que los nuevos tribunales empiecen a dictar sentencia, todavía falta el visto bueno del Congreso de la Nación y de la Legislatura de la Ciudad. Mientras tanto, el régimen vigente continuará aplicándose sin modificaciones.

En relación con los juicios que ya están en marcha, el convenio establece un régimen progresivo. Las causas que ya se están tramitando seguirán bajo el ala de la Justicia Nacional hasta que se agoten las instancias de apelación. En cambio, los conflictos nuevos que se inicien después de que el acuerdo entre en vigencia serán responsabilidad exclusiva de la Ciudad.

El convenio también se refiere a los jueces empleados judiciales. Se garantiza la intangibilidad de las remuneraciones, la estabilidad en el empleo y la preservación de los derechos previsionales y de carrera. Para esto el Estado Nacional asume el compromiso de transferir los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para el funcionamiento del fuero laboral de la Ciudad.

A través del Decreto 95/2026, el presidente le dio la facultad al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para firmar estos convenios sin necesidad de pasar cada detalle por el despacho presidencial. 

La Corte Suprema ya había advertido en varios fallos que el carácter nacional de estos jueces era "transitorio" y que mantener este esquema debilitaba la Constitución. Ahora, con la firma de este convenio, se busca terminar con ese "inmovilismo" que, según el máximo tribunal, traía graves consecuencias.

En diciembre de 2024, la Legislatura porteña sancionó las leyes que crean la nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo y diez juzgados de primera instancia. Incluso se abrieron concursos para elegir a los magistrados que estarán al frente de estos nuevos despachos, aunque todo estaba frenado por una medida judicial de la Justicia Nacional que exigía, justamente, el acuerdo que se firmó este martes.

 Se transfieren

El acuerdo es muy específico sobre qué temas se transfieren. CABA se hará cargo de los conflictos individuales, como despidos o indemnizaciones. Sin embargo, las peleas de los gremios por la personería, las negociaciones colectivas y cualquier causa donde el Estado Nacional sea parte seguirán en el fuero federal. 

• La Ciudad tiene un plazo de 180 días para elegir a los nuevos jueces y poner a punto la infraestructura necesaria.

• Una vez que el sistema esté operativo, se cerrarán inmediatamente los juzgados nacionales que hoy están vacantes.

• La Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo también dejará de funcionar como parte de este achique progresivo del fuero nacional.

Otro punto que genera ruido en el ambiente judicial es el rol del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño. Con este acuerdo, el máximo tribunal de la Ciudad se convierte en la última instancia de revisión para las causas laborales de derecho común.