Un informe elaborado por el Consejo Federal de Política Criminal puso en duda uno de los principales argumentos utilizados para impulsar reformas penales sobre falsas denuncias. Según el relevamiento, este tipo de causas representan apenas el 0,09% de las investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones argentinas entre 2022 y 2024.

El estudio analizó más de ocho millones de expedientes y concluyó que no existe evidencia estadística que justifique agravar penas ni crear nuevas figuras penales específicas vinculadas a denuncias falsas por violencia de género o abuso sexual infantil.

En este marco, el informe impacta de lleno sobre la iniciativa promovida por Carolina Losada y respaldada en la Comisión de Asuntos Penales del Senado, la cual propone endurecer sanciones contra quienes realicen denuncias falsas en casos de violencia de género y delitos sexuales.

Vale aclarar que el documento remarca una diferencia central: una causa archivada, una absolución o la falta de condena no implican automáticamente que la denuncia haya sido falsa. Para que exista ese delito, debe probarse que hubo intención deliberada de mentir e incriminar a otra persona de manera consciente.

Además, el relevamiento señala que las pocas causas registradas por falsas denuncias suelen estar vinculadas a delitos económicos, estafas o conflictos patrimoniales, y no a situaciones de violencia de género o abuso sexual, como suele instalarse en el debate público.

Desde el organismo advirtieron que avanzar con reformas punitivas podría generar efectos negativos sobre el acceso a la Justicia, especialmente en delitos donde la subdenuncia ya es un problema estructural.