Uso de aviones oficiales: anularon lo actuado por Bonadio en causa contra Cristina Kirchner
La Cámara de Casación anuló lo instruido por el juez fallecido Claudio Bonadío, a quien antes había apartado por recusación. A su vez, la sala II del máximo tribunal federal ordenó apartar a los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró hoy la nulidad de todo lo instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, a quien antes había apartado por recusación, en el proceso en el que se investigaba el presunto uso irregular del avión presidencial para el traslado de muebles por parte de la vicepresidienta Cristina Fernández de Kirchner cuando ejerció la presidencia.
La sala segunda del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la sala primera de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fue la que intervino en el expediente como tribunal de apelaciones, informaron fuentes judiciales.
Esta decisión fue adoptada por el juez de Casación, Alejandro Slokar, quien resaltó el derecho a ser juzgado por magistrado imparcial, y la prohibición legal para quien denunció de intervenir luego como juez, que era el caso de Bonadío.
En ese sentido, la causa de los aviones se inició por una extracción de testimonios ordenada por el juez Bonadio en el marco de la causa "Cuadernos" después de llamar a declarar a los pilotos de los aviones presidenciales.
"No puede omitirse que el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante -luego ocurrido por vía de recusación- vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido, a la par que atributo esencial de la función a fin de procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial", sostuvo el magistrado al respecto.
Por este motivo, Slokar resaltó que "es en virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa".
Sobre esta línea, la jueza Ángela Ledesma agregó que "la actuación del magistrado denunciante como juez del caso ha transgredido la garantía de imparcialidad del juzgador, principio estructural básico para dotar de validez al procedimiento penal en un Estado de Derecho".

