Los veedores designados por el Ministerio de Justicia no pudieron concretar el inicio de la intervención por 180 días en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

Al llegar a la sede de la calle Viamonte, los funcionarios encontraron las puertas cerradas y un cartel que indicaba que la administración se había trasladado a Pilar. 

Ante la imposibilidad de entrar, los técnicos optaron por dejar un cuestionario de cuatro páginas debajo de la puerta y se dirigieron a la sede de la Superliga para continuar con el procedimiento.

Maniobras de traslado y rechazo de la IGJ

El intento de la entidad que conduce Claudio Tapia de mudar sus oficinas a la provincia de Buenos Aires ya había sido rechazado por la Inspección General de Justicia (IGJ). 

Según el organismo de control, en el predio de Mercedes 1300 no funcionan instalaciones administrativas, por lo que consideran que la maniobra busca esquivar la jurisdicción de la CABA. 

Los profesionales técnicos consultados sobre el estado de las cuentas señalaron que elevarán un informe y aclararon que "las irregularidades están por verse, no se saben".

La medida dispuesta por el Gobierno nacional surge tras una denuncia por supuestas fallas en la justificación de US$ 450 millones en los balances de los últimos ocho años. 

La orden oficial para los veedores es acceder a la documentación social y contable para auditar el manejo institucional y económico de la casa madre del fútbol.

Sospechas contables y pasos a seguir

La lupa de la IGJ está puesta sobre varios puntos críticos: la falta de presentación de documentación aclaratoria de estados contables, la creación de una universidad no registrada y vínculos comerciales con empresas investigadas por presunto lavado de dinero, como SurFinanzas.

Los investigadores buscan determinar si existió un desvío de fondos en acuerdos celebrados por la actual gestión.

Tras el frustrado inicio de la auditoría presencial, la decisión sobre el futuro del operativo recae en el ministro Juan Bautista Mahiques. 

Según el plan de trabajo del Ministerio, si la AFA persiste en no prestar colaboración, "se evaluarán medidas compulsorias para acceder a la información", lo que podría derivar en acciones judiciales de mayor impacto para obtener los registros administrativos y balances.