Más de nueve meses de acampe lleva el pueblo de Orán, en Salta, en reclamo de un tarifazo que, desde fines del año pasado, los ahorca mes a mes, puesto que las facturas del servicio eléctrico se cuadriplicaron y, por ende, los usuarios se ven encerrados en el dilema entre comer o afrontar el pago del consumo energético.

"Estamos pagando las tarifas más altas del país", señaló Pablo Cobos, quien forma parte del acampe que tiene lugar en Orán desde diciembre pasado. En aquel entonces Edesa, la compañía a cargo del suministro eléctrico, determinó un aumento que hizo sucumbir a las economías de los 35.000 usuarios del mencionado pueblo salteño. Por lo tanto, además de asentarse frente a las instalaciones de la empresa eléctrica, la protesta se cristalizó en caravanas, bajo la exigencia de una intervención del gobierno de Salta.

En principio, dicho reclamo pareció generar una respuesta gubernamental, mediante la retracción de las tarifas a los montos del trimestre anterior. Sin embargo, la medida fue efímera, puesto que al poco tiempo la compañía impuso un nuevo aumento, que constaba de un 60%.

El incremento dispuso un valor de 35 pesos por kilovatio, es decir, 27 pesos más al anterior, y por lo tanto una familia que abonaba entre 5.000 y 8.000 pesos hoy afronta una facturación que oscila entre los 20.000 y loa 30.000 pesos. En tanto, las pequeñas empresas se vieron obligadas a asumir un 300% de aumento, dado que la tarifa escaló de los 20.000 pesos a los 60.000 pesos. Por su parte, en el caso de las medianas empresas, los montos ascendieron de 60.000 a 150.000 pesos.

Los usuarios clamaron por la intermediación del ente regulador. No obstante, el mencionado organismo sólo estableció contemplaciones económicas para quienes consumieran menos de los 600 kilovatios. Rubén Tolay, también vecino damnificado, dejó en claro que "es un mínimo irrisorio, porque el consumo es mucho mayor por las altas temperaturas, rondan entre los 900 a 1000 kilovatios". Por este factor, y otros, Tolay consideró que el mencionado organismo gubernamental "no defiende al usuario y va en sintonía con la empresa", y se quejó: "No nos dejan participar de las audiencias públicas, en las cuales la empresa está pidiendo el 80% de aumento. Además, no nos brinda información precisa de las auditorías".

Un contexto desolador que empuja a la población de Orán cada vez más al precipicio. "Tenemos los bolsillos flacos, porque vivimos en la pobreza. Un abuelo debe elegir entre pagar la boleta o los medicamentos, y una madre de familia, entre alimentar a sus hijos o pagar el servicio", profundizó Cobos. Sin embargo, no hay respuestas del gobierno de Salta ante este panorama. Los usuarios continúan acampando y, al mismo tiempo, juntan firmas con el fin de solicitarle a la Cámara de Diputados provincial la derogación del contrato con Edesa.