Las autoridades del Colegio Magno revalidaron la postura de mantener sin matrícula para el año 2023 a ocho alumnos con discapacidad, a partir de la intimación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Defensoría del Pueblo para que dé marcha atrás con la polémica decisión.

 

En esta oportunidad, el comunicado emitido por los directivos de la institución de la localidad de Pilar no fue específicamente enviado a los padres de los ocho chicos damnificados, sino que esta vez, fue entregado a las familias de todos los alumnos de la escuela. El principal pretexto se basó en que el Colegio Magno cumplió con "todas las leyes" dentro del alcance "jurídico".

 

El comunicado comenzó con la justificación inicial de la decisión: "De más está decir que el Magno siempre cumplió y cumple con todas las leyes y es una característica del colegio tomar decisiones luego de un estudio profundo, con fundamento ético y siempre con andamiaje jurídico".

 

En una parte del mensaje, los directivos hicieron alusión a la intimación por parte de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y lo propio por parte de la Defensoría bonaerense, al mando de Guido Lorenzino. La línea que hizo referencia al ultimátum tuvo que ver con "todas las presiones que se están llevando a cabo" de los organismos estatales con posibles "sanciones que pueden llegar a la clausura del colegio".

 

Lejos de ponerle un fin a la controversial situación que se viralizó en los últimos días, los directivos del Colegio Magno asumieron "los propios riesgos" que puede llevar adelante una "pérdida de matrícula como imposición o a hacer inviable el proyecto educativo". Por ende, tomaron la contundente decisión de "no revertir" la postura respecto a la situación de los ocho alumnos discapacitados.

 

 

 

Los ejecutivos del establecimiento educativo revalidaron que "las decisiones siempre estuvieron alineadas a procurar lo mejor" para los alumnos de la institución y que desde la institución están "orgullosos de haber conformado una Comunidad que entiende que puede constituirse en agente de cambio".

 

Las respuestas de los funcionarios provinciales sobre el comunicado del Colegio Magno

 

 

Cuando el comunicado del Colegio Magno tomó público conocimiento, distintas autoridades estatales de la provincia contrarrestaron la notificación y esperan que den marcha atrás con la decisión sino advirtieron que habrá multas. 

 

En primera instancia, el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, consideró que la decisión de los directivos del colegio es "tan poco pedagógica", en donde agregó que el interés particular de la institución no es funcionar como una "escuela" inclusiva, sino como un "mercado".

 

Además, el titular del organismo estatal aclaró que, con la decisión de apartar a los ocho alumnos por ser discapacitados, el Colegio Magno va en contra de los principios que destaca la ley de Educación de Buenos Aires, que buscan garantizar la educación "inclusiva y permanente".

 

En cuanto a las posibles sanciones, Sileoni adelantó que el castigo no consistirá en eliminar algún sustento económico por parte del Estado bonaerense al tratarse de una institución privada que se maneja financieramente de manera independiente. Sin embargo, las represalias podrían tener relación con asuntos administrativos, como quita de matrículas.

 

Por otra parte, el director de la Defensoría del Pueblo regional, Guido Lorenzino, declaró que la decisión de los directores de no retroceder con la decisión implica la "vulneración de derechos" de los estudiantes en cuestión.

 

 

En tanto, agregó que "las escuelas no tienen derecho de admisión: la educación es pública y universal", sumado a que "la decisión arbitraria viola todos los pactos internacionales y principios constitucionales".