En las últimas horas, el titular de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, intimó a los directivos del Magno College, ubicado en el partido de Pilar, para que den marcha atrás con la idea de dejar sin vacantes, para el próximo año, a ocho alumnos con discapacidad. Por tal motivo, exigió un máximo de dos días como límite para que la institución se retracte de la polémica resolución.

 

La noticia respecto a la discriminación sufrida por ocho alumnos con capacidades diferentes conmovió a la sociedad. En primer lugar, a los padres de los niños tras semejante acto de marginación; y luego a los funcionarios públicos, repudiando tal acto aberrante. Así lo hizo saber Lorenzino en un hilo de Twitter exigiendo una solución urgente al establecimiento educativo, ubicado en el barrio de Villa Rosa.

 

"Intimamos al colegio de Pilar que dejó sin vacantes a ocho estudiantes con discapacidad y pedimos que se retrotraiga la decisión de no matriculación", comenzó diciendo el director del organismo en sus redes sociales. Además, agregó que la decisión "es completamente discriminatoria" y que la resolución no sólo atenta "contra los derechos" de los alumnos en cuestión, sino también "contra todo el grupo escolar, sus familias y toda la sociedad".

 

Todo inició cuando el 30 de septiembre, los directivos del Colegio Magno determinaron enviar un mail a la casilla de correo a las ocho familias de los niños con discapacidad. El mensaje comenzaba de la siguiente manera: “Nos comunicamos en esta oportunidad para informarles que su hijo no podrá ser matriculado para el ciclo 2023”.

 

 

 

Uno de los chicos afectados por la controvertida determinación del colegio bonaerense se llama Emanuel Basz Di Marco, un niño de 10 años que presenta síndrome de Hunter, un trastorno genético que afecta la capacidad motriz e intelectual de la persona, y que dicha enfermedad no tiene cura. La noticia tomó repercusión cuando los padres del nene, Pablo y Doretta, difundieron el polémico escrito que les llegó vía mail.

 

 

 

Uno de los motivos que la madre de Emanuel contó, a partir de la reunión que mantuvo con los directivos de la institución, es que su hijo "baja la vara de la escuela”. Por tal razón, el dueño de la institución justificó su decisión comparando la situación de "un departamento que está en alquiler" y que el propietario del lugar "puede decidir año a año renovarle al inquilino el contrato".

 

Además, Doretta aportó más testimonio de la charla que mantuvo con que el dueño, que aún se desconoce su identidad, en el que el hombre afirmó que, de no haber sido por su escuela, Emanuel no estaría estudiando en ningún lado, y que en un futuro, "ninguna empresa le va a dar empleo el día de mañana" por su discapacidad.

 

Sileoni también se sumó al repudio por la decisión del Colegio Magno

 

 

El ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, hizo lo propio en su cuenta personal de Twitter rechazando el acto discriminatorio de la institución para con los ocho niños discapacitados. En su mensaje destacó que la "inclusión" es uno de los conceptos básicos que deben respetar las instituciones educativas, agregando que "en una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante".

 

La publicación va de la mano con el comunicado emitido por la Dirección General de Cultura y Educación de la región, en el que se expresó la intimación al Colegio Magno a dar marcha atrás con la polémica decisión "en el plazo de 48 horas".

 

 

Además, el organismo resaltó que la decisión de los directivos del colegio "incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688", en el que en dicho estatuto se establecen "los lineamientos para todo el sistema educativo tanto de gestión privada como pública y con los principios éticos que deberían ordenar las decisiones de toda institución educativa".

 

Por último, alertaron que ante el incumplimiento del "Decreto 552/12", que consta de "proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes", la institución podría verse afectado por un "procedimiento sumarial".