Un hecho generó preocupación en una comunidad educativa y activó un rápido protocolo de investigación, cuando tres estudiantes de 17 años fueron identificados e imputados en una causa penal tras la aparición de mensajes que anunciaban un tiroteo en el Colegio Nuestra Señora del Camino, en la ciudad de Mar del Plata. 

La investigación se inició luego de una denuncia que fue presentada por la representante legal del colegio, después de que el 16 de abril se encontrara un mensaje en la zona de los baños que advertía sobre un supuesto ataque armado programado en el colegio ubicado en la intersección de 1° de Mayo y Juan B. Justo.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y el testimonio de un alumno, se logró identificar a tres estudiantes que habían ingresado al sector en el momento en que se realizaron las pintadas. Además, las autoridades escolares informaron que un día antes se había detectado otra amenaza similar en el nivel primario.

En el marco del proceso institucional, uno de los jóvenes se presentó de manera voluntaria ante las autoridades del colegio, reconoció su responsabilidad, expresó arrepentimiento y pidió desvincular a sus padres del hecho. Horas más tarde, los tres menores acudieron junto a sus progenitores a la DDI Mar del Plata.

La causa quedó a cargo del fiscal de menores Walter Martínez Soto, quien dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de los estudiantes involucrados. De este modo, se concretó el secuestro de dos iPhone 13 y un iPhone XR. Los dispositivos quedaron bajo custodia judicial para su análisis.

Por disposición del fiscal, los jóvenes fueron notificados de la formación de una causa por intimidación pública, delito contemplado en el Código Procesal Penal. No obstante, no se realizó en esta instancia la visualización del contenido de los teléfonos en sede policial.

Por último, los adolescentes fueron entregados a sus responsables legales, mientras la causa continúa su curso en la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil. El caso reabre el debate sobre el impacto de este tipo de amenazas y la necesidad de reforzar la prevención en el ámbito escolar.