Investigan distribución de agua contaminada en escuelas y falsificación de informes en General Alvarado
El caso salió a la luz tras la denuncia de un padre de un alumno. Afirman que las autoridades escolares presentaron un estudio falso que certificaba la potabilidad del agua.
La Justicia marplatense ordenó una serie de allanamientos en el marco de una investigación que se inició por la denuncia de padres de alumnos que presentaban cuadros de gastroenteritis en el partido de General Alvarado. La Unidad Fiscal Mar del Plata está a cargo del caso por presunta falsificación de documentos y la distribución de agua no apta para consumo humano en un polo educativo de la localidad de Mar del Sud.
La investigación comenzó hace cuatro meses, luego de que el padre de un alumno de una escuela primaria de la zona hiciera una denuncia sobre la posible contaminación del agua. Durante el año anterior, varias familias habían notado que sus hijos padecían síntomas de gastroenteritis.
La cooperadora escolar, ante estas sospechas, decidió contratar a un laboratorio privado para realizar análisis bacteriológicos y fisicoquímicos del agua. La muestra fue tomada antes del inicio del ciclo lectivo 2025.
El resultado del estudio se conoció el 5 de marzo, confirmando que el agua no era segura para consumo. El informe detalló la presencia de escherichia coli, una bacteria que indica posible contaminación fecal, y pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud humana.
La fiscalía reconstruyó que este informe fue notificado a las autoridades educativas. A raíz de esta información, se suspendieron las clases por un día y se convocó a una reunión con las familias el 7 de marzo.
En dicho encuentro, las autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado presentaron dos informes, con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), que supuestamente certificaban la potabilidad del agua. Estos documentos, que correspondían a los años 2024 y 2025, estaban firmados por una perito química.
Sin embargo, el padre que había iniciado la denuncia se dirigió a la universidad para hablar con la profesional que supuestamente había firmado los estudios. La perito negó de manera rotunda haberlos firmado. Esta situación lo llevó a presentar la denuncia formal ante la fiscalía marplatense.
Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó diversas medidas de prueba. Esto incluyó un allanamiento en el domicilio del, en ese momento, único imputado en la causa: un contratista del Consejo Escolar de General Alvarado. Este individuo se dedicaba a la limpieza de tanques y a la toma de muestras de agua en establecimientos educativos de Miramar y la zona.
También se libraron órdenes de presentación en las escuelas afectadas y en la sede del Consejo Escolar en Miramar. En estos lugares se pidió toda la documentación relacionada con los análisis de potabilidad del agua del predio investigado, así como las actas de reuniones con autoridades educativas y familias.
El material recolectado, que incluye transcripciones de mensajes y audios, permitió ampliar la investigación a otras cuatro personas. Según la fiscalía, estos individuos tienen cargos funcionales dentro del Consejo Escolar de General Alvarado.
La hipótesis del MPF es que las autoridades estaban al tanto de la situación del agua, pero de igual forma utilizaron el documento falsificado proporcionado por el contratista.
En este contexto, el miércoles 27 de agosto se realizaron allanamientos en los que se secuestraron documentos y los teléfonos celulares de los investigados. Todo este material será sometido a pericias por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF.
De manera simultánea, miembros de la Unidad Fiscal de Mar del Plata tomaron declaraciones testimoniales al personal de los establecimientos educativos afectados en Mar del Sud para continuar la investigación.
