Un joven que hace ocho años fue agredido de manera brutal en un boliche de Mar del Plata recibirá una indemnización de 60 millones de pesos. Así lo indicó un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de esa ciudad.

De acuerdo con el expediente judicial, el hecho ocurrió en la madrugada del 17 de marzo de 2017 en el boliche Quba Café de Mar, donde se realizaban los festejos de San Patricio. La víctima, que en aquel momento tenía 21 años, fue atacada con un objeto cortante -se cree que fue un vaso de vidrio- por una persona que nunca pudo ser identificada. Y la agresión le provocó cortes profundos en el rostro.

El hecho dejó distintas secuelas en el joven, como cicatrices visibles, pérdida de sensibilidad y deformidad permanente en su rostro. Por lo tanto, decidió iniciar una demanda contra la empresa Purasal S.R.L., propietaria del boliche, ubicado en el inicio de la Escollera Norte. Su reclamo se apoyó en el artículo de la Ley de Defensa del Consumidor, que impone responsabilidad objetiva al proveedor de servicios.

Al cabo, el fallo dictado por el juez Martín Zambecchi condenó a esa empresa y la aseguradora contratada por el local a pagar un total de $60.563.897 a la víctima de la agresión. El monto se compone de $1.200.000 por daño emergente, $50.363.897 por daño a la integridad física y $9.000.000 por daño moral.

La defensa de Purasal S.R.L. negó los hechos y sostuvo que se trató de un episodio “ocasionado por un tercero totalmente ajeno a su organización”, lo que a su entender configuraba un caso fortuito. A su vez, la aseguradora reconoció la vigencia de la póliza, pero objetó que el episodio se encuadrara dentro de los riesgos cubiertos.

Sin embargo, el juez consideró que "se encuentra plenamente configurada en autos una típica relación de consumo entre el actor (...) y la firma demandada Purasal S.R.L., titular y explotadora comercial del local nocturno Quba Café de Mar”. Además, tomó como irrelevante que el joven no hubiera pagado su entrada al boliche: "Su sola presencia dentro del local -y la utilización del servicio de esparcimiento que allí se ofrecía- bastan para otorgarle la calidad de usuario o consumidor”.

La falta de registros fílmicos impidió la reconstrucción del hecho. En ese sentido, el magistrado afirmó que la empresa demandada “debió, con criterio prudente, adoptar las medidas mínimas para preservar esos registros”. 

Para apelar la sentencia, parte demandada y/o la aseguradora deberán depositar previamente unos 114 millones de pesos. Esa cifra incluye capital, intereses y costas.