Aborto legal, seguro, gratuito y ¿accesible?: faltan insumos y centros de atención para cumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
En medio de la falta de medicamentos esenciales para la práctica segura y ambulatoria de la IVE, y pese a las dificultades en el acceso equitativo al derecho al aborto, un hospital porteño inauguró una nueva sala destinada a la atención gratuita de personas gestantes.
Desde su sanción en 2020 y reglamentación en 2021, la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), garantiza en nuestro país la posibilidad de acceder a un aborto seguro y gratuito. No obstante, el desfinanciamiento de políticas de salud sexual y reproductiva, que derivó en la falta de provisión de medicamentos esenciales para la práctica de la IVE, sumado a la falta de centros de atención especializada, se presentan como las principales barreras para cumplir con la ley.
El escenario de la política pública en derechos sexuales y reproductivos en las provincias cambió desde el 2024. Si bien la IVE establece la posibilidad de abortar en forma voluntaria hasta la semana 14 de gestación inclusive y, que a partir de la semana 15 se puede acceder a la ILE si el embarazo es producto de violencia sexual, en la práctica se registraron importantes retrocesos.
Durante el año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó ningún tratamiento medicamentoso para IVE/ILE de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para la práctica segura y ambulatoria de la IVE, según un informe de Proyecto Mirar. La discontinuidad en la provisión de insumos afectó negativamente el acceso equitativo a estos servicios, trasladando la respuesta a las provincias.
Desafíos para el cumplimiento de la IVE/ILELa implementación efectiva de la Ley 27.610 enfrenta una serie de desafíos estructurales y operativos que comprometen su garantía plena en todo el territorio nacional. Estos obstáculos se concentran principalmente en la financiación de políticas sanitarias, la disponibilidad de insumos esenciales y la persistencia de barreras territoriales e informativas.
La reducción del presupuesto asignado a las políticas de salud sexual y reproductiva implicó la paralización de programas estatales que hasta el 2023 estaban operativos, impactando de manera directa tanto en la prevención de embarazos como en la práctica segura de la IVE.
Asimismo, el congelamiento de las campañas de información pública sobre derechos sexuales y reproductivos atenta contra la educación sanitaria. Esta limitación afecta especialmente a las poblaciones que ya enfrentan vulnerabilidades, como las que residen en zonas rurales o de bajos recursos. En varias provincias, especialmente en las del Norte, se reportan listas de espera extendidas. Estas demoras superan los plazos establecidos por la normativa legal para acceder a la práctica.
Esta conjunción de factores genera una desigualdad estructural en el acceso. Mientras que en los grandes centros urbanos la garantía del derecho a la IVE es más consistente, en otras zonas la normativa se vulnera completamente por falta de recursos humanos, medicamentos o infraestructura.
“La ley benefició en forma transversal a todas las clases sociales”, aseguró a Crónica el doctor Darío Didia (M.N. 69.333), Jefe de la División Obstetricia del Hospital de Clínicas de la UBA. “La diferencia que puede existir es que aquella mujer que tiene cobertura médica pueda acceder tanto a una institución privada como al hospital publico, en cambio la que no la posee debe dirigirse al hospital público solamente. Ambos ámbitos son de excelente calidad profesional atendiendo a las necesidades físicas y emocionales de cada una de las pacientes”, detalló el especialista.
Según la Encuesta MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto) realizado por Proyecto Mirar, antes de llegar al centro de salud habilitado, el 60% de las pacientes desconocía dónde solicitar un aborto y el 50% reportó algún costo asociado a su atención.
De este informe se desprende además que el 80% de los abortos se resuelven dentro de los 10 días, tal como indica la ley. Por su parte, el monitoreo de Católicas por el Derecho a Decidir realizado en población indígena y campesina en 12 provincias de Argentina indica que al menos 8 de cada 10 mujeres no accedieron a la IVE dentro del período estipulado por la ley.
Para Didia, uno de los principales aspectos que falta mejorar para garantizar el acceso a la IVE “es la agilidad en los procesos administrativos”. “Si bien desde el equipo de salud y en la atención médica la implementación de la ley está bastante consolidada y los consultorios funcionan de manera articulada, todavía persisten demoras y obstáculos burocráticos”, advirtió.
“Otro desafío también tiene que ver con los prejuicios sociales y culturales que aún persisten. Además, desde el seno familiar muchas veces no se acompañan las decisiones, lo que suma miedo a contar que existe un embarazo no deseado y atrasan la consulta”, agregó el experto del Clínicas.
En la mayoría de los casos, pueden aparecer miedos frecuentes vinculados con el propio procedimiento. “Cuando se realiza el tratamiento con medicación, muchas mujeres expresan temor a que el sangrado sea muy abundante, a experimentar dolor o a ver el producto de la gestación y que eso les genere malestar emocional. Si bien se les explica que, en general, se trata de edades gestacionales muy tempranas y que el proceso es seguro y controlado, estos temores son habituales y forman parte de las barreras emocionales que acompañan la decisión. En nuestro hospital, por ejemplo, tenemos un sistema que facilita mucho la atención: tanto la parte administrativa como el equipo médico, incluyendo quienes realizan las ecografías, trabajan de manera articulada”, aseguró el profesional.
Un logro que garantiza el derecho al acceso a la Ley de IVE/ILE
En el marco de la aplicación de la Ley 27.610, el Hospital de Clínicas inauguró un nuevo espacio especializado para asesoramiento, atención y prácticas. Si bien apenas sancionada la Ley de IVE el centro de salud implementó un consultorio específico, este espacio inicial funcionaba dentro de las dependencias del Servicio de Obstetricia, una disposición compleja para las personas que requerían el acceso a este derecho.
Por este motivo, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), tomó la iniciativa de impulsar una mejora con el objetivo de acondicionar un nuevo espacio que asegurara la calidad de la atención, la privacidad y el trato digno exigidos por la ley. Este logro representa un paso fundamental hacia la garantía de derechos y la salud integral de las mujeres.
Si bien especialistas en el tema del Clínicas reconocen la necesidad de reforzar las medidas de prevención del embarazo desde edades tempranas, sostienen que “el promedio de edad de las personas que se acercan es de 26 años, muchas de ellas, con hijos”. "Contrario a la creencia común, la mayoría de las personas que solicitan una interrupción del embarazo no son adolescentes, sino adultas, muchas con hijos. Tampoco se trata principalmente de casos de falta total de métodos anticonceptivos, sino de fallas a pesar de su gran efectividad o usos inadecuados que asocian a una información insuficiente", sostiene la doctora Evangelina Morganti (M.N. 124.282), médica tocoginecóloga del Consultorio de IVE del Clínicas.
A la vez, aseguran que desde la legalización de la IVE, las personas llegan al consultorio “en menos tiempo y con menos estigma”. De acuerdo con los registros del hospital, que recibe una población en su mayoría de CABA y en segundo lugar de provincia de Buenos Aires, la primera consulta se hace en la semana 7 en promedio y la provisión de tratamiento farmacológico o quirúrgico entre la séptima y la octava semana.
En una primera consulta, se abre la historia clínica de la persona, se evalúa su estado de salud y edad gestacional. Se le informa sobre sus derechos y los procedimientos disponibles. En el caso de desear interrumpir el embarazo, se le solicita que firme el consentimiento para avanzar. “Además de dar respuesta a dudas específicas sobre interrupción del embarazo, desde la primera consulta hablamos con quienes se acercan sobre métodos anticonceptivos”, comentó la doctora Analía Blanco (M.N. 145.248), médica tocoginecóloga del Consultorio de IVE del Clínicas.
Para obtener más información sobre IVE y/o ILE, el Ministerio de Salud cuenta con las líneas telefónicas 0800-222-3444 y 144. Por otra parte, el Espacio de Consulta, Asesoramiento y Atención sobre IVE/ILE del Hospital de Clínicas de la UBA brinda atención de lunes a viernes en horario de la mañana en Av. Córdoba 2351. Para más información, contactarse con iveclinicas@gmail.com.

