Por Juan Bernardo Domínguez
@juanbjd

El Gobierno de Javier Milei avanzó el jueves último con el proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), que opera en la Capital Federal y 26 partidos del Gran Buenos Aires. Lo hizo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2025, firmado por el Presidente y todos sus ministros, que fue publicado ese día en el Boletín Oficial.

El texto normativo, que modificó el marco regulatorio de la ley 26.221/2007, busca brindar “certeza jurídica” para concretar la venta de las acciones.

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Fue un paso más en línea con el DNU 493/2025 de julio pasado. Ese texto normativo había aplicado una primera redefinición del funcionamiento legal de la empresa estatal conforme al artículo 7° de la Ley Bases (N° 27.742), que incluyó a AySA como una compañía “sujeta a privatización”.

Pero el DNU 805/2025 sumó voltaje debido a que el artículo 81 de su Anexo habilita a la empresa estatal a “proceder al corte del servicio público por atrasos en el pago de las facturas” a los usuarios residenciales que tengan un atraso de 60 días y a los clientes comerciales e industriales que tengan uno de 15, “contados a partir de su segundo vencimiento”. Hasta la publicación de ese decreto, sólo estaban autorizadas las restricciones parciales por ese motivo.

La advertencia de los asociaciones de defensa de los usuarios

Consultado por cronica.com.ar, el presidente de la asociación civil Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, alertó que la habilitación a cortar el suministro de agua “constituye una violación a lo que se considera hoy mundialmente un derecho humano básico y esencial”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUYC), Claudio Boada, se expresó en la misma línea y remarcó a cronica.com.ar que “no es una mercancía el agua”. Y agregó: “No es que quien tiene plata, puede comprar agua y recibir el servicio y el que no tiene plata, no. Es un derecho humano básico. Es elemental que tengamos agua para nuestra alimentación, para nuestra higiene, para la preparación de comidas, para el lavado de la ropa, para todo lo que es básico y elemental”.

Bussetti, a su turno, precisó que “el Poder Ejecutivo Nacional”, a través del DNU 805/2025, “modifica el marco regulatorio del servicio público de agua y saneamiento a cargo de la empresa AySA, que fue establecido por ley en el 2007”. Advirtió que, si se pretende realizar un cambio al respecto, “debe hacerse bajo el mismo procedimiento; o sea, por ley”.

El presidente de DEUCO sumó: “El Gobierno nacional utiliza nuevamente el recurso del Decreto de Necesidad y Urgencia y, hasta la fecha, lamentablemente, el Congreso Nacional no se hizo cargo de tratar este tema tan importante, como es el corte del suministro del servicio de agua y saneamiento”.

Bussetti alertó que el artículo 81 del DNU 805/2025 “no discrimina agua de cloacas”. En ese sentido, consideró que “representaría una verdadera afectación al medio ambiente en caso de que se produjera un corte del servicio de cloacas”. Y sumó: “Hecho que sucedió en el pasado con la concesión del servicio establecida por el Gobierno de (el fallecido presidente) Carlos Menem a la empresa francesa denominada Aguas Argentinas, que produjo el corte del servicio de cloacas a algún usuario que no pagaba el servicio”.

El presidente de DEUCO sostuvo que, con el decreto publicado el jueves último, “se estaría replicando esa posibilidad”. Y agregó: “Por lo tanto, hay que hacer público este grave riesgo; no solamente por afectar el derecho humano, sino también por afectar el medio ambiente, en caso de que AySA esté habilitada para el corte del agua y de cloaca. Merecería que el Poder Ejecutivo ratificara o rectificara esta decisión por el peligro que acarrea”.

La Justicia ya interviene en el asunto

Por su lado, Boada advirtió que “AySA no puede cortar el agua ni el servicio de cloacas por falta de pago, a pesar de la reciente modificación del marco regulatorio y de otra que había hecho en julio, donde figuraba ya la posibilidad de corte”.

El presidente de UUYC, quien es abogado, recordó que la entidad que preside y Consumidores Libres presentaron una demanda judicial poco después de que fuera publicado el DNU de julio pasado, el 493/2025.

“Pedimos que se dictara una cautelar prohibiendo el corte del agua y de las cloacas para toda el área de concesión, tanto la Ciudad de Buenos Aires como todos los partidos del Gran Buenos Aires (en la que opera AySA)”, rememoró el letrado.

La acción judicial fue adjudicada al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín, a cargo de la magistrada Martina Forns.

Esa jueza, en agosto último, hizo lugar a la cautelar y ordenó suspender por seis meses la aplicación del DNU 493/2025.

“Esa medida está vigente y, por más que el Poder Ejecutivo a través del nuevo DNU haya autorizado a AySA a cortar el agua y el servicio de cloaca, eso está prohibido mientras se mantenga la cautelar dictada por la jueza Martina Forns”, enfatizó este martes Boada.

El abogado agregó: “Nosotros solicitaremos que dure todo el tiempo del proceso que se está llevando a cabo, para decretar nulas esas posibilidades por parte de AySA”.

Por último, detalló que la demanda judicial se basó en argumentos medioambientales, además de remarcar “el derecho al agua y a las cloacas como un derecho humano básico y fundamental”.