El Gobierno autorizó una nueva medida que limita las competencias de los Registros del Automotor. La normativa dispone la centralización de los archivos que no presentaron actividad en los últimos 15 años.

A través de la disposición 58/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el lunes pasado en el Boletín Oficial, establece que las dependencias de todo el país deben identificar y remitir los denominados Legajos B a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

De esta manera, el Gobierno dio un nuevo paso orientado a la digitalización total del sistema, con el objetivo de reducir los tiempos y recursos destinados a trámites burocráticos en el área.

Los legajos sin movimiento son aquellos dominios que no hayan solicitado trámites como reimpresión de placas, informes de dominio, expedición de cédulas de autorizados o transferencias de titularidad en el período mencionado. 

De acuerdo a la normativa, el proceso administrativo se ejecutará de forma escalonada. El Departamento Registros Seccionales notificará a cada oficina el listado de dominios afectados. Una vez recibida la comunicación, cada encargado de registro dispondrá de 15 días hábiles para organizar, embalar y preparar el material físico para su traslado hacia la custodia centralizada de la Dirección Nacional. 

La migración de estos datos se realizará en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA). Con esta integración, la trazabilidad de los vehículos se mantendrá bajo soporte digital, permitiendo que la información sea accesible mediante inventarios centralizados, incluso si la documentación física ya no se encuentra en la sede donde el vehículo fue radicado originalmente. 

A partir de esta implementación, si un usuario iniciara un trámite sobre un dominio cuyo legajo físico ha sido trasladado al archivo central, la oficina seccional correspondiente deberá solicitar un Certificado Dominial a través del Sistema de Asignación Electrónica (ACE). Este mecanismo asegura que la operatividad no se vea interrumpida por el cambio de ubicación del archivo. 

La reforma estructural busca desmantelar un esquema de funcionamiento histórico que involucra al ente cooperador ACARA. Esta entidad fue sometida a una revisión por su rol en la administración de recursos provenientes de la venta de formularios y materiales registrales, funciones que el Poder Ejecutivo pretende reintegrar plenamente a la órbita del Ministerio de Justicia. 

Este proceso de transformación del Registro Automotor comenzó en 2024, mediante el cierre e intervención de varias dependencias seccionales. Las medidas se centraron en la supresión de formularios y trámites redundantes, con el objetivo técnico de disminuir los costos de transacción para los usuarios y reducir los márgenes operativos de los registros privados.