La Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, y los defensores provinciales difundieron un reclamo conjunto de cara a las Elecciones 2023, en el que manifiestan su preocupación e instan “a los candidatos/as a Presidente de todas las fuerzas políticas, a otorgarle absoluta prioridad a la protección de la niñez y adolescencia, consolidando los pisos de garantía de derechos ya alcanzados".

Bajo el lema “La deuda es con las infancias y adolescencias”, los defensores denunciaron que no existe “una mirada con perspectiva de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, tanto en los discursos públicos como en las propuestas” y remarcaron que hubo “un incremento de la estigmatización de las infancias y adolescencias".

Sobre este último punto, desde de la Defensoría Nacional explicaron en exclusiva a cronica.com.ar que las políticas de Estado, “lejos de profundizar medidas punitivas sobre los más chicos, deben promover acciones que garanticen una vida digna libre de todo tipo de violencias”.

En particular, cuestionaron la vigencia de la Ley penal Juvenil (22.278) , que rige a partir de un decreto firmado en la época de la dictadura y establece que “al momento de dictar una sentencia a una persona que tiene entre 16 y 18 años y comete un delito, después de un año de tratamiento tutelar los jueces pueden absolverla, aplicarle la misma pena que a un adulto o bien una pena atenuada”.

Además, señalaron que durante la campaña “lo que toma estado público son discursos restrictivos, que proponen desconocer derechos como el de la seguridad social, la vida en familia, y la propia integridad física de los más chicos”.

En este sentido, recordaron que existe un Acuerdo suscripto por organismos públicos especializados, Asociación de Magistrados, Ministerio Públicos de la Defensa, UNICEF, entre otros, y un amplio consenso “sobre la necesidad de la derogación de la Ley Penal Juvenil y de la sanción de una Ley de Justicia Juvenil que tal como lo dispone el Comité de los Derechos del Niño en su Recomendación al Estado Argentino en 2018, no debe reducir la edad mínima de punibilidad, ni endurecer las penas, debe garantizar que la privación de libertad sea la última ratio y por el menor tiempo posible, y promover alternativas a las medidas judiciales”.

La Defensora Marisa Graham reunida con la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Bs As, María Rosa Muiños.

El pedido fue dirigido a todos los candidatos a Presidente de todas las fuerzas políticas, aunque aseguraron que "hay candidatos que tienen una sensibilidad diferente en lo que respecta a los niños”.

"Expresamos con contundencia nuestra defensa irrestricta, y rechazo a cualquier política o decisión de gobierno que suponga un retroceso en los avances obtenidos en 40 años de democracia, respecto a la garantía de derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país", advierte el comunicado que lleva la firma de la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, Dra. Amelia López, el Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Juan Facundo Hernández, Juan Pablo Meaca, Rossana Franco y Leandro Javier Drube.

“Instamos a las fuerzas políticas, a los poderes ejecutivos y legislativos actualmente en ejercicio y a los que quedarán conformados una vez haya culminado el proceso electoral, a otorgarle absoluta centralidad y prioridad a la protección de la niñez y la adolescencia en todas las políticas y planes de gobierno”, dice el documento.

Las defensorías resaltaron que "vienen advirtiendo la necesidad de avanzar en la identificación y resolución de los temas cruciales que vulneran los derechos de infancias y adolescencias".

Asimismo destacaron la necesidad de bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema: "Desde esta Red de Defensores sostuvimos públicamente que el gran desafío es disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes, que hoy alcanzan el 54,6% y 12,2% respectivamente, identificando y desarmando los mecanismos que producen la persistencia de la desigualdad, tanto de ingresos como de edad, género, de acceso a la salud y la educación, territoriales, ambientales, de origen, entre otros".

Para concluir se dirigieron específicamente a "los responsables de conducir los destinos del país", quienes "tienen la obligación ética y jurídica de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual deben establecer una agenda de acción proactiva y evitar la regresión sobre los logros obtenidos".