La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó un fallo que establece nuevas condiciones para los conductores de plataformas digitales que prestan servicios para transporte. 

La resolución alcanza a quienes prestan servicios a través de las empresas más utilizadas, imponiendo requisitos para su funcionamiento. 

De acuerdo con el fallo, los choferes vinculados a estas aplicaciones tienen ahora la obligación de tramitar la licencia de conducir profesional, para certificar que el titular posee las aptitudes necesarias para el transporte de personas. 

Asimismo, la resolución estipula la contratación obligatoria de seguros de responsabilidad civil para el transporte de pasajeros. Esta exigencia busca garantizar coberturas adecuadas ante eventuales siniestros viales durante la prestación del servicio, equiparando este aspecto a las normativas que rigen para taxis y remises. 

La decisión de los magistrados fue para corregir una "anomia voluntaria", un concepto jurídico que refiere a la falta de regulación y control efectivo por parte de las autoridades porteñas sobre una actividad económica que se desarrolla desde hace casi una década. 

La demanda que dio origen a este fallo fue impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis y diversas cámaras del sector, quienes denunciaron condiciones de competencia desleal desde el año 2016. 

El argumento de los demandantes, ratificado por la Cámara, es que la disparidad regulatoria perjudica al sistema de transporte tradicional.

Los magistrados Fernando Juan Lima, Mariana Díaz y Marcelo López Alfonsín sostuvieron en su resolución que estas plataformas no operan meramente como intermediarias tecnológicas. Por el contrario, definieron la actividad como un "servicio oneroso de transporte de pasajeros", lo que justifica la aplicación del marco regulatorio vigente para servicios similares. 

Ante la falta de una legislación puntual sancionada por la Legislatura, el fallo ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicar los controles y normativas existentes para el sector de taxis y remises a las aplicaciones digitales. 

La sentencia instruye al Gobierno porteño a iniciar los sumarios correspondientes para que las empresas propietarias de las plataformas tributen los impuestos locales que les corresponden por su actividad económica en el distrito. 

La resolución también contempla una protección temporal para el sector taxista, prohibiendo la creación de nuevos aranceles administrativos, a excepción de las multas, hasta que se logre una igualdad efectiva de condiciones. 

Otro punto relevante de la disposición judicial es la restricción de la publicidad de servicios no habilitados en el espacio público de la Ciudad. En paralelo, se ordena la realización de campañas informativas para advertir a los usuarios sobre los posibles riesgos de utilizar vehículos que carezcan de habilitación profesional y seguros.