Mala noticia para Roberto Giordano: la Justicia ordenó su procesamiento por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta, la prohibición de su salida del país y un embargo por 30 millones de pesos. La causa tiene su origen en una denuncia penal realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hace seis años.

La investigación judicial evidenció que el famoso peluquero creó una serie de sociedades donde habría designado como autoridades a conocidos suyos, sin capacidad contributiva, mientras el efectivo manejo de las mismas estaba a cargo de Giordano.

 

El procesamiento judicial sostiene que, posteriormente, Giordano desapoderó a los "prestanombres" de sus bienes en detrimento de sus patrimonios, a través de la venta de los mismos a valores nulos, bajos o transferidos a personas carentes de solvencia económica, conjuntamente con el traspaso de su personal y bienes de uso.

Según detalló Télam, también se corroboró que el empresario habría ocultado al menos 17 bienes de su propiedad a través de tres firmas: Guildin SA, Adraltior SA y Nilamar SA. A través de esa maniobra defraudó a sus acreedores, entre los que figura el fisco nacional.

 

Las empresas no eran operativas, sino que tenían como única finalidad ser titulares de inmuebles sin ejercer actividad alguna. Así se determinó que las operaciones de transferencias de inmuebles se suman a la creación de las sociedades, con la única finalidad de impedir fraudulentamente el cobro de sus deudas.

A través de este mecanismo, Giordano utilizaba la cadena de peluquerías para acumular deudas laborales, comerciales, pero fundamentalmente tributarias y previsionales. Así se financiaba y permitía el crecimiento de su negocio, al tiempo que su patrimonio era ocultado a través de sociedades y testaferros.