En el marco de la contienda vigente con los trabajadores aeronáuticos, el Gobierno Nacional había establecido, a través de un decreto, que se limitaba el alcance de distintas medidas de fuerza.

De esta manera se imponía un mínimo de cincos día de preaviso y la obligación de garantizar el 50 % del servicio.

Tras una cautelar presentada, la justicia falló y estableció un cuarto intermedio hasta que se resuelva el pedido de inconstitucionalidad de la norma.