La fiscal Ávila remitió su pedido al juez Lleral, a cargo de la investigación.

Fiscalía federal de Esquel, a cargo de Silvina Ávila, pidió este miércoles al juez Gustavo Lleral que ordene la realización de la autopsia del cuerpo hallado en el río Chubut con la participación "de todas las partes que integran la causa", esto es "las cinco querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente", en referencia a Emanuel Echazú, de Gendarmería Nacional. 

Si la autopsia se lleva a cabo sin la intervención "de todos los legitimados en el expediente, quedaría abierta la posibilidad a que se deba reordenarla, con el desgaste, incertidumbre y el sufrimiento que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear", subrayó en un comunicado del Ministerio Público Fiscal.

La fiscal Ávila remitió su pedido al juez federal Lleral, a cargo de la investigación, para que "ordene el traslado al Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de que se lleve adelante la operación".

La representante del Ministerio Público Fiscal propuso la participación "en todo el proceso" del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) "a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas, en el marco del convenio firmado entre la organización y la Procuración General de la Nación el 27 de abril de 2015".

Asimismo, respecto de los puntos de pericia, requirió "que se cumplan con los previstos en el Protocolo Modelo para la Investigación legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias de la ONU (Protocolo de Minnesota)".

Recordó además que el rastrillaje realizado el martes, en el que se halló el cadáver en el río Chubut, fue impulsado por la fiscalía federal de Esquel y la Procuraduría de Violencia Institucional, con la asistencia técnica del EAAF que colabora desde los inicios en el expediente.

Por último, Ávila destacó la "importante colaboración prestada por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en el desarrollo de la investigación, así como de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelicuencia, la Dirección General de Orientación a la Víctima y la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, de la Procuración General de la Nación".

Fuente: Télam