Chile logró un paso histórico para conformar una nueva constitución, que remplaze a la actual, que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet. La tarde del jueves, el presidente del Senado, Jaime Quintana, sostuvo un diálogo telefónico decidor con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

En la conversación, el parlamentariole dio a conocer al jefe de gabinete del Presidente Sebastián Piñera la fórmula en que se estaba avanzando entre el oficialismo y la oposición -a excepción del PC-, para destrabar las negociaciones para avanzar en una nueva Constitución. Si bien durante la jornada se fueron modificando los términos del entendimiento, la llamada marcó un punto de inflexión respecto la dura mañana de negociaciones de la que fue protagonista la antigua sede del Congreso en Santiago.

Horas después de la conversación entre Quintana y Blumel, a las 2.25 de la madrugada de este viernes, los timoneles de todas las colectividades (salvo el Partido Comunista y la FRVS) salieron a anunciar el histórico acuerdo para reemplazar la Carta Magna que rige en Chile desde 1981 y que se nombró “Por la paz social y la nueva Constitución”. 

El documento de dos páginas consensuado transversalmente se dio a conocer a 28 días del estallido social en Chile que gatilló el alza en las tarifas del Metro, a cinco días de que el gobierno se abriera por primera vez a avanzar en una nueva Carta Magna y tres días después de que Piñera llamara a un “acuerdo por la paz” tras una tensa jornada de protestas.

“Esta noche es histórica para Chile”, “somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado”, fueron algunas de las frases que pronunció Quintana, quien lideró el inicio de la conferencia de prensa conjunta. El presidente del Senado enfatizó también que se trata de una “salida pacífica y democrática de la crisis”, que “es una victoria de toda la ciudadanía” y que se trata de una salida institucional “cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social”.

El primero de los 12 puntos del acuerdo punta al reestablecimiento del orden público -en medio de hechos de violencia que se han registrado a lo largo del país- y el respeto de los DD.HH, debido a las denuncias vulneraciones al respecto por parte de agentes del Estado.

“Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”, señala el texto.

Aunque todo estaba previsto para que los timoneles hicieran el anuncio a las 21 horas, un nudo principal entrampó el acuerdo: si se consideraría la Constitución de 1980 como piso para la futura Carta Fundamental, manteniendo o no las disposiciones actuales en los temas en que no hubiera acuerdo.

Así, mientras la oposición impulsó la denominada “hoja en blanco”, es decir, una redacción desde cero, el oficialismo apostaba porque la base de la redacción fuera la actual Carta Fundamental. El sector, además, apelaba a que en aquellos puntos donde a futuro -cuando se redacte el texto- no se llegara a acuerdos, se mantuvieran las disposiciones vigentes.