El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los gobiernos aplicar una serie de medidas de carácter temporal y focalizado para amortiguar el impacto del aumento de los precios internacionales de la energía y los alimentos. 

A través de un documento oficial publicado este miércoles, el organismo advirtió que las subas sostenidas del petróleo y el gas reducen el poder adquisitivo de los hogares, afectando con mayor severidad a las familias de menores ingresos y generando una fuerte presión operativa sobre las empresas.

El informe técnico llevó la firma de los economistas Pierre-Olivier Gourinchas, Borja Gracia, Delphine Prady y Rodrigo Valdés. 

Las autoridades del organismo multilateral señalaron que los diferentes países deben afrontar las consecuencias de la crisis geopolítica sin profundizar las distorsiones internas de sus propios mercados. 

"Si no se aborda, esto puede causar daños duraderos al empujar a más personas a la pobreza y obligar a las empresas a cerrar", alertaron los autores.

Guía de acción ante la crisis energética

Para contener la escalada de costos derivada del conflicto bélico que involucra a Irán, el FMI difundió cuatro lineamientos específicos de política económica. 

En primer lugar, sugirió permitir que los precios domésticos de la energía reflejen de forma transparente los costos del mercado internacional, evitando la fijación de subsidios generalizados o topes de precios, herramientas que consideró viables únicamente ante escenarios de shock verdaderamente excepcionales.

En segundo término, el texto aconseja proteger a los hogares vulnerables mediante esquemas de apoyo acotados en el tiempo.

Respecto al sector corporativo, el organismo internacional instó a apuntalar la liquidez de las pequeñas empresas viables a través de instrumentos financieros ágiles y facilidades impositivas, en lugar de recurrir a regulaciones de precios que distorsionen la oferta de bienes y servicios.

Cohesión social y costo fiscal

El análisis del organismo puso el foco en la vulnerabilidad social, recordando que las familias con menores recursos económicos destinan la mayor parte de su presupuesto mensual a cubrir necesidades básicas de alimentación y transporte. 

"Protegerlas es fundamental para preservar la cohesión social y evitar un aumento drástico de la pobreza", sentenció la entidad financiera en su documento.

Finalmente, el organismo desaconsejó la reducción generalizada de impuestos a los combustibles debido al elevado costo fiscal que conlleva y al riesgo asociado de generar escasez de suministro. 

En su lugar, el diseño de la asistencia estatal debería basarse en estabilizadores automáticos del gasto público, priorizando las transferencias monetarias directas hacia la población afectada por la pérdida de poder adquisitivo.