El Departamento de Justicia en Miami acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro y a otras cinco personas por el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en 1996, un hecho en el que murieron cuatro personas. 

Los cargos penales federales contra el hermano del fallecido líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, representan una fuerte escalada en la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana, en un contexto donde la isla atraviesa una profunda crisis económica y energética.

Cargos criminales y el origen del caso

La acusación fue presentada luego de que un juez federal levantara el secreto de sumario del expediente, un caso impulsado históricamente por la comunidad cubana en el exilio en Florida. Castro, de 94 años y quien se desempeñaba como ministro de Defensa al momento del incidente, fue imputado por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos cargos de destrucción de aeronaves.

Entre los demás acusados se encuentran los aviadores militares Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

"Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia", declaró el fiscal general interino Todd Blanche en una conferencia de prensa este miércoles 20 de mayo de 2026. "Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos", añadió Blanche, acompañado por el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, el subdirector del FBI Christopher G. Raia, la senadora Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

El incidente en el estrecho de Florida

El caso penal se centra en los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate cubanos MiG-29 derribaron dos aeronaves Cessna desarmadas de Hermanos al Rescate, una agrupación dedicada a asistir a los balseros cubanos. 

En el ataque fallecieron los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, junto al residente permanente Pablo Morales, mientras que una tercera aeronave pilotada por el líder del grupo, José Basulto, logró escapar.

La Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas determinó que los aviones volaban en aguas internacionales fuera del espacio aéreo cubano y que no hubo intentos radiales de interceptación, una postura respaldada por la Organización de los Estados Americanos y condenada en su momento por el entonces presidente Bill Clinton.

Por su parte, el gobierno de la isla rechazó las acusaciones e insistió en que las naves violaron su territorio para lanzar panfletos y planificar sabotajes. 

La diplomática cubana Lianys Torres Rivera difundió en redes sociales documentos desclasificados de la FAA de 1996 donde funcionarios estadounidenses preveían este escenario, al tiempo que se recordó que el propio Fidel Castro admitió en una entrevista de la época con Dan Rather haber emitido "órdenes generales" para resguardar el espacio aéreo.

Rechazo de La Habana y propuesta de la Casa Blanca

La respuesta oficial de Cuba no se hizo esperar. El actual presidente, Miguel Díaz-Canel, afirmó de manera categórica: "Es una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar el argumento para justificar el desatino de una agresión militar". 

El mandatario cubano agregó que la medida evidencia "la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana".

De forma paralela a la imputación, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, difundió un mensaje especial dirigido al pueblo cubano con motivo de la conmemoración de la proclamación de la República de Cuba en 1902. 

"El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", expresó Rubio, condicionando cualquier diálogo a un vínculo directo con la ciudadanía y excluyendo al gobierno comunista.

En su discurso, el funcionario estadounidense acusó al liderazgo de la isla de corrupción, apuntó contra el conglomerado empresarial militar GAESA -fundado por Raúl Castro- y los responsabilizó por los frecuentes apagones y el desabastecimiento. 

"La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares", enfatizó Rubio. 

Esta postura profundiza el quiebre del acercamiento histórico iniciado en 2015 por Barack Obama y consolida las recientes sanciones dispuestas por Trump, como el decreto de enero que impone aranceles a países que comercialicen petróleo con la isla.