La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes el pedido de revisión de sentencia presentado por los demandantes en el juicio por la estatización de la petrolera YPF. 

La resolución judicial frena el intento de los fondos de inversión Petersen y Eton Park, representados por el bufete Burford Capital, de revertir el escenario legal. 

El presidente Javier Milei celebró la definición a través de sus redes sociales manifestando un "Nuevo éxito en la Justicia de New York para YPF".

Respaldo a la posición del Estado argentino

La decisión del tribunal estadounidense denegó la solicitud de un rehearing en banc, mecanismo que pretendía que el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones volviera a examinar el caso. 

El cuerpo de abogados que trabaja para la defensa del país notificó las novedades a través de un comunicado oficial emitido por la Procuración del Tesoro.

Desde el organismo, conducido por Sebastián Amerio, subrayaron que la medida de la justicia norteamericana "constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país". 

El litigio principal radica en los perjuicios reclamados por los fondos privados tras la expropiación de las acciones ocurrida en el año 2012.

Menor margen de maniobra para los demandantes

Especialistas en derecho internacional señalaron que el rechazo a este recurso de insistencia reduce drásticamente las alternativas de acción de los querellantes en la actual instancia de apelación de los tribunales de Manhattan.

Por su parte, la Procuración del Tesoro remarcó la importancia del trabajo técnico desplegado en el expediente exterior. 

En el tramo de cierre del comunicado, la entidad destacó: "Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público".