La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su rechazo a lo que calificó como una intromisión en los asuntos internos del país por parte del Gobierno de los Estados Unidos tras la solicitud de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre los cuales se encuentra el actual gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. 

El Departamento de Justicia estadounidense los acusa de cometer tráfico de armamento y estupefacientes. No obstante, la mandataria mexicana sostuvo que estas denuncias podrían tener un trasfondo político. 

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional, la jefa de Estado enfatizó la protección de la soberanía como un eje central de su gestión. Según Sheinbaum, no se permitirá la intervención de potencias extranjeras en decisiones que corresponden a la jurisdicción nacional.

"Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México", advirtió Sheinbaum. 

En ese sentido, la mandataria señaló: "Es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político".

De acuerdo con informes del Ejecutivo mexicano, la acusación carecería de sustento. La presidenta afirmó que "no existen pruebas claras" contra los diez individuos mencionados en el expediente remitido por las autoridades de Washington. 

El conflicto diplomático comenzó el 28 de abril, cuando la Cancillería de México recibió los pedidos de detención provisional con extradición. Estas solicitudes fueron trasladadas de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis. 

La tensión entre ambos países escaló tras la difusión de los cargos por parte de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril. En ese momento, el Gobierno de México consideró que la publicación de los nombres vulneró los protocolos de confidencialidad que rigen estos procesos de cooperación internacional. 

La FGR continúa evaluando los documentos presentados por Estados Unidos e iniciará una investigación propia para recabar datos que confirmen si existe un fundamento legal suficiente para proceder con las órdenes de detención.

"Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía", reiteró Sheinbaum. Sin embargo, la mandataria aclaró que no habrá protección oficial si se comprueban los delitos y se actuará bajo el marco normativo vigente, afirmando que su gobierno no encubrirá a responsables de actos ilícitos.

En tanto, la Cancillería mexicana precisó las acusaciones se basan en una supuesta cooperación entre los implicados y una facción del narcotráfico vinculada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. 

Esta organización es investigada por el tráfico de drogas y lavado de activos a nivel internacional. 

Las tensiones diplomáticas ocasionadas por este conflicto coinciden con el inicio de los preparativos para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un acuerdo clave para la economía regional.