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La muerte del fiscal Alberto Nisman es la demostración inequívoca del estado de derecho en la Argentina. De cómo la política atraviesa todos los estamentos de la sociedad. De la nula división de poderes. Y de que pueden matar a un funcionario con un rango especial, y que no pase nada. O bien, que pase de todo, menos el esclarecimiento de su fallecimiento.

El "caso Nisman" se conoció en forma masiva hace tres años, cuando desde el Twitter de Crónica alertamos "investigan una muerte" en el edificio donde vivía el titular de la UFI AMIA. Todo estuvo mal desde el principio. Los testigos se horrorizaron por cómo pisotearon toda la escena del crimen los investigadores, quienes estaban más preocupados por las medialunas, y la insólita fiscal Viviana Hein, que no sabía nada de lo que ocurría ni había ocurrido.

En el medio, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, interesado en demostrar que nada había tenido que ver con el hecho pese a que el fiscal muerto debía presentarse horas después a acusar a la presidenta por encubrir a los iraníes imputados de haber sido los autores ideológicos del atentado de 1994.

La aparición de Diego Lagomarsino, un personaje oscuro y extraño, sumó mayor confusión. El joven le dio a Nisman el arma con la que se ejecutó el tiro mortal. Con chicanas estuvieron casi tres años para considerarlo partícipe necesario del homicidio del fiscal. Porque sí, ahora la Justicia tiene claro que a Nisman lo mataron.

Pero, durante tres largos años, la célebre frase atribuida al escritor británico Benjamin Disraeli, que aseguraba la existencia de tres clases de mentiras (la mentira, la gran mentira y la estadística), debió ser reescrita: ahora existen la mentira, la gran mentira y el caso Nisman.