Por qué las modificaciones en el Régimen Penal Juvenil y la Reforma Laboral deberían ser discutidos de manera conjunta y no por separado: ¿Hay una ligazón directa entre ambos proyectos?
El temario de sesiones extraordinarias de febrero contempla el debate por ambas iniciativas. El gobierno buscará sus promulgaciones en un plazo no mayor a los sesenta días. El rol del trabajo infantil y de la marginalidad en la batalla cultural
Las gestiones del gobierno para aprobar lo antes posible los dos proyectos que actualmente le vienen marcando la agenda y poniendo a prueba su muñeca política para sumar aliados, parecerían ir contrarreloj. A simple vista se observa una evidente premura por "sacarlos" en breve y promulgarlos como normativa, en el mejor de los casos y según confiesan sus operadores, en un lapso que no supere los próximos sesenta días.
Una meta que el Ejecutivo se planteó para encarar el resto del año legislativo con mayor espalda parlamentaria y, por supuesto, dar el primer paso hacia la materialización del reacomodamiento social que tanto promueve Javier Milei. Hablamos, sí, de la Reforma Laboral y de la Baja en la edad de Imputabilidad en el Régimen Penal Juvenil.
Dos iniciativas que además de ser motivo de continuas reuniones en los diferentes sectores que componen el arco político, son objetos de debate en gran parte de la opinión pública. Tan es así que el propio Jefe de Estado ya las incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas para febrero, a fin de acelerar las discusiones en el recinto, empezar a ganar tiempo y, por qué no, "primerear" y tomar a la oposición con la guardia baja. Es decir, desposeída de consensos que sirvan para plantear objeciones con argumentos verdaderamente capaces de poner palos en la rueda.
Aunque al día de hoy restan todavía consolidar ciertos acuerdos con algunos gobernadores, en La Libertad Avanza (LLA) no corren el foco: trabajan diariamente para combatir lo que en el espacio denominan "la industria del juicio" y lograr que los delincuentes menores de 18 años también terminen en un penal cuando fueran considerados culpables de un delito no excarcelable.
Ahora bien, aunque por lo visto hasta el momento los dos proyectos citados irían por carriles distintos y la Baja en la edad de Imputabilidad estaría pautada para un segundo turno de las extraordinarias (el primero se asignaría a la Reforma Laboral), está claro que entre ambos proyectos existen puntos en común que podrían explicar la conveniencia de ser tratados en simultáneo. Al margen de las ideologías y de la mirada que individualmente se tenga con respecto a cada uno de los temas, un segmento significativo de la sociedad sigue sosteniendo que históricamente ha existido una ligazón directa entre los niveles de desempleo y la falta de oportunidades, con los índices de marginalidad.
Un contexto que, desde un análisis basado en el sentido común, actuaría como fuerza concurrente para propiciar la comisión de delitos. Preliminarmente -insistimos-, por fuera de cualquier postura polarizada y de coincidir o no con ese criterio, ese análisis invita a imaginar que no faltarán legisladores que consideren contradictorio bajar a 13 años la punibilidad cuando cualquier empleador podría ser acusado de trabajo infantil en caso de sumar a su personal -desde luego fuera de cualquier marco legal regulatorio- a un niño de esa edad.
O sea, si se infiere que un chico pre adolescente es realmente consciente de sus actos al momento de apretar un gatillo, de arrebatar un celular o de liderar un secuestro extorsivo, paralelamente se debería interpretar, por decantación y evitando una doble vara, que no deberían regir impedimentos para desarrollar cualquier otra actividad remunerada que se encuentre dentro de la legalidad.
Sin que el aspecto jurídico le quite el plato de comida, inclusive de su familia, en muchos casos, simplemente por no haber llegado a "los 16, 17 o 18". Los índices de trabajo infantil han ido decreciendo en los últimos años pero forman parte de una problemática que requiere seguir siendo atendida.
Por ende, si las herramientas para combatirla no son contempladas en la Reforma Laboral, evaluando eventuales endurecimientos de penas a los responsables (es un delito penal) e incluyendo el compromiso de agilizar mecanismos que colaboren para su erradicación, debatir una Baja en la Edad de Imputabilidad contribuiría a remediar solo una parte del diagnóstico. Que desde luego es complejo y en principio estaría requiriendo ser abordado de manera integral, conjuntamente, y no de forma parcializada.

