La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa generando repercusiones en Córdoba, ya que en las últimas horas trascendió que el funcionario municipal que ordenó clausurar el bar "Wachitas" recibió una escalofriante amenaza.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se refirió a la oscura trama  que involucra a funcionarios, controles municipales y locales nocturnos , y reveló un episodio inquietante ocurrido tras la clausura de otro boliche.

Según contó el jefe comunal, el titular del Ente de Fiscalización y Habilitaciones fue víctima de una intimidación de características mafiosas luego de que la Municipalidad dispusiera el cierre definitivo del bar Punta Alvear, ubicado en el centro de la capital provincial.

"Le pusieron dos balas arriba del escritorio", relató Passerini en diálogo con el programa Arriba Córdoba, al describir la intimidación que recibió el presidente del ente de fiscalización. El intendente destacó que el local había operado sin inconvenientes durante años: "Antes de mi gestión nadie lo tocaba", aseguró.

De acuerdo con el mandatario municipal, el conflicto no terminó con la clausura. "Ese lugar se clausuró de manera definitiva, su propietario amenazó a nuestro funcionario y está denunciado penalmente", agregó.

Las declaraciones se conocieron cuando todavía persiste la conmoción por el asesinato de Agostina, la adolescente de 14 años, quien el 30 de mayo de 2026 fue hallada descuartizada en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la ciudad de Córdoba.

Por el crimen se encuentra acusado y detenido Claudio Barrelier, un empleado municipal cuyas conexiones con el boliche "Wachitas" desencadenaron una fuerte crisis institucional y profundizaron las sospechas sobre el funcionamiento de algunos espacios nocturnos de la ciudad.

Más controles en boliches de Córdoba

A partir de este escenario, la administración de Passerini puso en marcha una unidad ejecutora especial destinada a reforzar los controles sobre bares, boliches y otros establecimientos vinculados a la actividad nocturna. El nuevo organismo trabajará de manera coordinada con la Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad provincial.

Entre las metas fijadas figura la revisión de más de 7.000 habilitaciones en un plazo de 90 días. La iniciativa busca detectar posibles irregularidades administrativas, desarticular eventuales mecanismos de corrupción y fortalecer la fiscalización de un sector que históricamente ha sido objeto de cuestionamientos.

La pesquisa interna impulsada por el municipio apunta a una presunta red integrada por inspectores y empresarios ligados a la noche cordobesa. En ese marco, Passerini informó que ya fueron exonerados y detenidos 119 agentes municipales por distintas irregularidades.

El intendente también sostuvo que 91 de esos empleados ingresaron a la administración pública entre 2003 y 2007 en lo que describió como presuntos favores concedidos a empresarios del rubro. "Muchos de estos, que no quisieron colaborar, están procesados y detenidos", afirmó.

Los controles se intensificaron de manera notable durante el último año. Según los datos oficiales, las clausuras de establecimientos que incumplían las normas pasaron de 90 a aproximadamente 700.

Paralelamente, el Ejecutivo municipal impulsa modificaciones en las ordenanzas de Habilitaciones y Espectáculos Públicos para evitar que los comercios sancionados vuelvan a abrir bajo otra razón social. La propuesta contempla la creación de un registro público y la aplicación de sanciones tanto para los dueños de los negocios como para los propietarios de los inmuebles donde funcionan.